En un país donde el acceso al crédito formal se volvió cada vez más difícil y costoso, el Congreso de la República discute un proyecto que podría aliviar la carga financiera de millones de personas. Se trata de la iniciativa Borrón y Cuenta Nueva 2.0, una propuesta que ya superó su primer examen en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que, con solo tres debates más, podría convertirse en ley.
El texto busca que quienes tienen deudas con bancos, cooperativas, entidades públicas o privadas, puedan limpiar sus historiales negativos en las centrales de riesgo una vez regularicen sus obligaciones.
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El panorama actual no es alentador. Según cifras citadas en el debate legislativo, entre el 20% y el 25% de los adultos en Colombia tienen restricciones para acceder al crédito por reportes negativos. Esto significa que más de 14 millones de personas podrían beneficiarse de la propuesta.
Y es que las condiciones del mercado financiero no ayudan. Con una inflación que supera el 5%, una tasa de interés del Banco de la República en 9,25% y un crecimiento económico estimado en apenas 2,5% para 2025, el costo del dinero se ha vuelto un obstáculo para muchas familias y empresas.
A ello se suman los intereses efectivos anuales, los créditos de consumo rondan el 25%, mientras que los préstamos productivos superan el 50% EA. En este contexto, cada vez más personas recurren a métodos informales de financiación, como el temido “gota a gota”, una práctica que, según la Defensoría del Pueblo, afecta al 30% de los hogares de menores ingresos.
El corazón de Borrón y Cuenta Nueva 2.0 está en ofrecer una segunda oportunidad a quienes han caído en mora, siempre y cuando cumplan con el pago o lleguen a un acuerdo con sus acreedores. La primera disposición otorga un año desde la entrada en vigor de la ley para que los ciudadanos se pongan al día y puedan acogerse al beneficio.
Una vez cancelada la deuda o cumplido el acuerdo, el reporte negativo deberá eliminarse en un plazo máximo de dos meses, lo que reduce significativamente los tiempos actuales de actualización en las centrales de riesgo. En otras palabras, quienes logren saldar sus compromisos financieros podrán ver los resultados de inmediato.
El proyecto también tiene un componente especial para los usuarios del Icetex. En el caso de los créditos educativos, bastará con que el deudor llegue a un acuerdo de pago y cumpla seis cuotas consecutivas para salir de la lista negra. Una medida que, según los promotores, no solo mejora el historial crediticio de los jóvenes, también abre nuevas puertas a la educación y al empleo.
El alcance de la propuesta va más allá de los consumidores individuales. También busca beneficiar a deudores hipotecarios, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como a emprendedores turísticos, productores agropecuarios y trabajadores independientes.
En palabras de sus defensores, el proyecto tiene un doble propósito, reactivar la economía y fomentar la inclusión financiera. En especial, en regiones donde la falta de acceso al crédito formal llevó a muchos a depender de prestamistas informales o a frenar proyectos productivos por miedo a no poder cumplir con los requisitos bancarios.
Uno de los puntos que más debate ha generado es la aclaración de que esta ley no implica una condonación de deudas. Tal como explica Florián, el espíritu de la iniciativa “no es eliminar las obligaciones, sino facilitar que las personas que sí cumplen puedan recuperarse financieramente”.
En ese sentido, para acceder a los beneficios será obligatorio pagar la totalidad de la deuda o cumplir el convenio pactado. Solo así se aplicará la eliminación del reporte negativo. El mensaje, según los expertos, es claro, se premia la responsabilidad y la cultura del pago, no la evasión.
El proyecto se presenta en un momento crítico. Con la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo, miles de familias ven el crédito como su única salida para sostener el consumo o emprender pequeños negocios. Sin embargo, estar reportado en una central de riesgo se ha convertido en una barrera casi infranqueable.
Si finalmente se aprueba, Borrón y Cuenta Nueva 2.0 podría convertirse en una herramienta de recuperación y esperanza para millones de colombianos que buscan volver a empezar. Una ley que, más allá de las cifras, plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la economía debe castigar los errores del pasado cuando existe la voluntad de cumplir?
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