El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una seria advertencia sobre el rezago tecnológico del sector defensa en Colombia, al señalar que la baja inversión en innovación y modernización pone en riesgo la soberanía nacional y la capacidad del Estado para enfrentar amenazas internas y externas.
Durante el foro Nuevas estrategias en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de la defensa y seguridad en Colombia, el jefe del órgano de control reveló que solo el 4,6 % del presupuesto de defensa y seguridad entre 2024 y 2025, equivalente a 3,8 billones de pesos, fue destinado a inversión.
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Según su análisis, este nivel de gasto limita significativamente el desarrollo de capacidades estratégicas, debilita la autonomía tecnológica y compromete la protección de la infraestructura crítica del país.
En presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y de la cúpula de la Fuerza Pública, Rodríguez Becerra insistió en que el país debe transformar su política de defensa en una política de Estado sostenida y articulada, más allá de los ciclos de gobierno.
“Siempre he sido un firme convencido —y lo reitero— de que más allá de hablar de una política de gobierno, es muy importante hablar de una política de Estado que debe construirse de manera conjunta con la fuerza pública”, subrayó el contralor.
El funcionario presentó un panorama comparativo que deja a Colombia muy rezagada frente a las potencias mundiales y a los países de la región. Mientras Corea del Sur destina el 4,9 % de su PIB a investigación y desarrollo, Estados Unidos invierte 3,5 % y China el 2 %.
En contraste, Colombia apenas alcanza el 0,2 %, por debajo del promedio de los países de la Ocde (3 %) y de naciones latinoamericanas como Brasil (1,2 %), Argentina y Uruguay.
Rodríguez Becerra recordó que, pese a avances institucionales como la creación de Colciencias en 1968 y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019, el país sigue dependiendo de tecnología extranjera, lo que limita la construcción de capacidades propias.
“Desde el Plan Colombia en el año 2000 se buscó modernizar las fuerzas militares, pero seguimos dependiendo de tecnología foránea, lo que impide garantizar la autonomía y la soberanía tecnológica”, sostuvo.
El contralor advirtió que la falta de inversión en el sector defensa “restringe la capacidad del sector para modernizarse, conduciendo a la obsolescencia tecnológica”, situación que puede comprometer la seguridad nacional.
En su criterio, fortalecer las capacidades militares no debe entenderse como una preparación para la guerra, sino como una estrategia integral para robustecer la inteligencia, la reacción ante amenazas y la protección de la infraestructura estratégica.
“Fortalecer la fuerza pública no es solo dotarla de armas, sino de inteligencia, innovación y capacidad de respuesta ante amenazas actuales”, enfatizó.
La controversia de los helicópteros MI-17
A este panorama se suma una nueva alerta fiscal. La Contraloría General reveló que el país podría perder más de 13 millones de dólares en recursos públicos por el contrato del Ministerio de Defensa para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17.
Aunque se pagó por anticipado el 50 % del valor total —unos 16,2 millones de dólares—, el avance de ejecución apenas alcanza el 8 %, lo que pone en riesgo la operatividad de la Fuerza Pública.
El contrato, firmado en 2024 con la empresa extranjera Compañía de Sistemas Vertol por un valor de $50.201 millones, buscaba la adquisición de repuestos y el mantenimiento de la flota en la Base Aérea de Tolemaida.
No obstante, el órgano de control detectó debilidades en la selección del contratista, incluyendo la falta de acreditación financiera y deficiencias técnicas y jurídicas. A pesar de estos hallazgos, el comité evaluador del Ministerio otorgó el aval, vulnerando el principio de selección objetiva.
El Ejército notificó repetidamente los incumplimientos, sin obtener resultados, y solo en septiembre el Ministerio inició un proceso formal por incumplimiento.
La empresa —una compañía extranjera de responsabilidad limitada— dificulta la recuperación de los recursos, ya que su estructura limita la responsabilidad patrimonial de los socios.
Además, la Contraloría alertó que las garantías contractuales fueron modificadas tres veces, reduciendo su cobertura. La póliza de anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir la etapa de liquidación. La falta de mantenimiento ya afecta la disponibilidad de los helicópteros MI-17, reduciendo la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.
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