El monopolio estatal en minerales estratégicos amenaza la inversión extranjera en Colombia

La reciente presentación de un proyecto de ley minera en el Congreso de Colombia ha generado una fuerte reacción por parte de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que advierte sobre el riesgo de una parálisis total del sector y un impacto negativo en la economía nacional.

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, calificó la iniciativa como “antiminera” y alertó, en declaraciones recogidas por Portafolio, que la propuesta podría restringir la participación privada, desalentar la inversión extranjera y poner en peligro miles de empleos en las regiones mineras del país.

El proyecto, según explicó Nariño a Portafolio, otorga al Estado el control exclusivo sobre la exploración y producción de minerales estratégicos.

El artículo 27 del texto establece que solo empresas estatales, de economía mixta o asociaciones público-populares podrán desarrollar estas actividades, y únicamente si el Estado demuestra incapacidad se permitirá la contratación con privados.

Para la ACM, esta disposición crea un monopolio estatal que desincentiva la inversión y genera incertidumbre jurídica.

“De aprobarse esta ley como está, no habría ninguna compañía que quisiera invertir o seguir invirtiendo en el país”, advirtió el dirigente gremial, quien considera que la medida representa una parálisis sin precedentes para la industria minera.

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Nariño también señaló que la iniciativa permite al Gobierno Nacional determinar discrecionalmente en qué zonas del país puede desarrollarse la minería, sin criterios claros, lo que podría llevar al cierre de proyectos y títulos mineros ya existentes.

En estos casos, se exigiría un plan de cierre y una compensación económica al Estado, lo que, según la ACM, pone en riesgo operaciones de carbón, oro, níquel y materiales de construcción, fundamentales para la vida cotidiana y el sustento de miles de familias en Colombia.

En términos económicos, la ACM recordó que la minería formal aportó 35 billones de pesos en impuestos y regalías al Estado durante 2022 y 2023, de los cuales el 85% provino del carbón térmico, un mineral cuya exploración y producción quedaría prohibida bajo el nuevo marco legal.

Nariño subrayó en Portafolio que el Gobierno no ha presentado alternativas para reemplazar estos recursos ni para las familias que dependen de la industria del carbón térmico en regiones como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Cesar y La Guajira. Además, el sector minero dinamizó la economía en 2024 mediante la compra de bienes y servicios por cerca de 14 billones de pesos a empresas colombianas, beneficiando a sectores como transporte, comercio, construcción y servicios ambientales. De esta actividad dependen 990.000 personas que se emplean o se vinculan a la cadena de valor minera.

El impacto de la reforma, según la ACM, se extendería a sectores como la vivienda y la infraestructura. Nariño advirtió que los colombianos enfrentarían mayores costos para adquirir vivienda, remodelar sus hogares o comprar materiales de construcción como ladrillos y baldosines. Además, los precios de las obras de infraestructura, incluidas las vías terciarias y de cuarta y quinta generación, también se verían afectados, lo que agravaría el retraso en el desarrollo de estas obras.

Desde la perspectiva de la ACM, el proyecto resulta incoherente con el discurso oficial sobre la transición energética. Nariño cuestionó que, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de una transición ordenada, la propuesta condena a la industria minera a la inactividad y aleja la inversión. En comparación con otros países como Australia, Canadá, Japón, Noruega, Chile y Perú, que promueven regulaciones para atraer al sector privado, Colombia estaría optando por el camino opuesto.

Otro de los riesgos señalados por la ACM es el posible aumento de la minería ilegal. Nariño advirtió en Portafolio que debilitar la minería formal abriría la puerta a la explotación ilícita de minerales, dejando los territorios en manos de organizaciones criminales y generando graves consecuencias sociales y ambientales. “Al frenar la minería legal, lo que se fomenta es la minería ilegal y la degradación de los ecosistemas”, afirmó el dirigente gremial.

En cuanto a la responsabilidad ambiental, la ACM destacó que la industria minera formal realizó inversiones por 777.000 millones de pesos en 2024, casi el doble del presupuesto total del Ministerio de Ambiente en 2023. Estas inversiones, según Nariño, se concentran en una industria que ocupa apenas el 1% del territorio colombiano, lo que demuestra el compromiso del sector con la sostenibilidad y la gestión ambiental.

Ante este panorama, la ACM hizo un llamado al Congreso, especialmente a las comisiones quintas del Senado y la Cámara, para que analicen a fondo los efectos de la propuesta. Nariño advirtió que los principales perjudicados serían las comunidades mineras y la población en general, que dejarían de recibir recursos de regalías e inversión social. En palabras recogidas por Portafolio, la advertencia es clara: lejos de fortalecer al país, el proyecto podría llevar a la industria minera a un escenario de inactividad, desempleo y expansión de la ilegalidad.