Cuatro ciudadanos colombianos denunciaron haber sido víctimas de tortura y detención arbitraria por parte de la Fiscalía del Estado de México, en el contexto de la investigación por el asesinato de los músicos connacionales B King y Regio Clown.
Aunque las autoridades intentaron vincular a los colombianos con el doble homicidio, finalmente los presentaron ante un juez por un delito distinto, mientras sus familias insisten en que el proceso estuvo marcado por irregularidades y abusos, según explicó el diario El País.
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Las detenciones se registraron entre el 24 y el 29 de septiembre de 2025, días después de que se confirmó la identidad de los cuerpos desmembrados de los músicos, hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.
Los arrestados son Yuli Felicidad, Yonier Mantilla, Leandro Quintero y Juan Fernando Córdoba. Según los testimonios de sus familiares y documentos judiciales, la Fiscalía mexiquense los capturó en varias ocasiones, sometiéndolos a interrogatorios violentos y torturas físicas, con el objetivo de obtener confesiones que los relacionaran con el crimen.
El caso de Yuli Felicidad marcó el inicio de la cadena de detenciones; el 24 de septiembre, cuando regresaba a su domicilio en Tepetlaoxtoc, dos agentes de la Fiscalía la interceptaron cerca de una casa en ruinas, según la denuncia.
Tras una revisión prolongada y sin permitirles comunicarse libremente, los uniformados bajaron a la mujer de su vehículo y la retuvieron; según explicó El País, su esposo, al enterarse de la situación, alertó a compañeros de trabajo, entre ellos Mantilla, Quintero y Córdoba, quienes acudieron al lugar y también fueron detenidos.
Los tres, junto a dos colegas mexicanos, trabajaban en una empresa de préstamos conocida por operar bajo el sistema “gota a gota”, caracterizado por prácticas de intimidación en caso de impago.
Los relatos de los familiares y los registros oficiales muestran inconsistencias en las fechas y circunstancias de las detenciones. Por ejemplo, el Registro Nacional de Detenciones indica que Quintero, Mantilla y Córdoba fueron arrestados al menos dos veces en ese periodo, mientras que en el caso de Felicidad solo figura una detención, el 29 de septiembre, pese a que su familia sostiene que fue capturada cinco días antes.
Durante esos días, los detenidos pasaron por distintas dependencias ministeriales, donde, según las denuncias, sufrieron asfixia con bolsas, golpes y amenazas. A Felicidad y Mantilla les mostraron la fotografía de un Mercedes Benz gris, presuntamente utilizado en el traslado de los músicos, e intentaron forzarlos a reconocerlo, aunque ambos negaron conocer el vehículo.
El Mercedes Benz fue localizado el 24 de septiembre durante un cateo en la misma casa abandonada, donde detuvieron a Felicidad y Quintero. El automóvil fue trasladado a una agencia ministerial para buscar huellas y otros indicios, pero hasta el momento no existe información oficial que confirme la presencia de los músicos en ese lugar.
Los familiares de los colombianos sostienen que las autoridades los usaron como chivos expiatorios, abriéndoles hasta cuatro carpetas de investigación por delitos como homicidio, narcomenudeo y cohecho, antes de presentarles una orden de aprehensión por presunta extorsión.
El proceso judicial también ha sido objeto de críticas. Los detenidos no fueron registrados formalmente al ingresar a las dependencias, les confiscaron documentos y pertenencias, y firmaron su salida por una carpeta de cohecho el 28 de septiembre, solo para recibir una nueva orden de detención por extorsión minutos después.
Finalmente, explicó el mismo medio, el 29 de septiembre, los cuatro fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, sin que se les permitiera un debido proceso.
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