Ciclista en Bogotá fue multado por tránsito después de haber sido arrollado por conductor presuntamente en estado de embriaguez

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, exigió respuestas a las autoridades tras denunciar presuntas irregularidades en la atención a Alejandro Loaiza Riaño, ciclista que fue víctima de un siniestro vial el sábado 27 de septiembre en la Autopista Norte con calle 106.

El caso generó amplia preocupación por la actuación de los organismos responsables y el posterior proceso sancionatorio aplicado al afectado. Según el relato de Loaiza, que circulaba por el carril derecho en el momento del incidente, un vehículo lo arrolló con fuerza, lanzándolo hacia el capó y el parabrisas. Como consecuencia, sufrió una fractura en la vértebra L4 y recibió una incapacidad inicial de 30 días tras ser atendido en una clínica.

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“Al instante, pues llegó la policía del CAI y unos minutos después llegó la policía de tránsito, los cuales, pues, al parecer, no fue de mucha ayuda, porque el... mmm, al día de... el día de hoy me llega una notificación de comparendo por transitar en zonas prohibidas, lo cual no tiene lógica. Y estábamos investigando también si el conductor tenía comparendos o inmovilizaciones y no aparece ningún registro”, detalló Loaiza, en testimonio autorizado para su difusión.

El punto crítico en la denuncia es que a pesar de que el ciclista resultó herido, la autoridad le impuso un comparendo por “transitar en zona prohibida” días después del accidente. Según la víctima, tampoco hubo claridad sobre la práctica de la prueba de alcoholemia al conductor en el lugar del siniestro, y no se hallan registros de sanciones o inmovilizaciones asociados al vehículo implicado.

Desde el Concejo de Bogotá, Quintero calificó este hecho como un caso “inaceptable” de revictimización y critica el mensaje negativo que transmite la institucionalidad de la ciudad hacia los usuarios más vulnerables en la vía. “Esto no es ciclistas contra conductores; es la vida primero. No podemos normalizar que quien es arrollado termine, además, revictimizado con un comparendo”, aseguró durante una sesión en el recinto.

Pese a algunas respuestas ofrecidas por la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, el concejal advirtió que persisten muchas preguntas sin resolver, especialmente sobre los protocolos logrados durante la atención en el sitio del siniestro y las razones específicas para emitir la sanción al ciclista. La preocupación de fondo gira en torno a la eventual omisión de la práctica obligatoria de alcoholemia al conductor, una exigencia establecida por la Ley 769 de 2002 en el artículo 131 literal “F”.

La norma establece que, en cualquier caso de presunta embriaguez, se debe realizar una prueba que no cause lesión, determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, en caso de resultar positiva, el vehículo debe ser inmovilizado y la multa puede ir desde 3.623.565 pesos hasta 87.977.040 pesos, dependiendo de la reincidencia y el grado.

El incidente, ocurrido en un punto de alto flujo vehicular y ciclista de Bogotá, pone en cuestión la protección real para quienes se movilizan en bicicleta y evidencia, según Quintero, fallas en los procedimientos de atención y sanción. “La ciudad no puede transmitir el mensaje de que la víctima queda sola frente a la institucionalidad. Bogotá debe enviar una señal clara de que la vida está por encima de cualquier error procedimental”, recalcó.

El cabildante insistió en la necesidad de fortalecer las medidas para salvaguarda de los ciclistas. Propuso que se implementen agentes de tránsito priorizados para las ciclorrutas, con el objetivo de incrementar la vigilancia y garantizar que la autoridad esté presente en los corredores utilizados por este grupo, que es especialmente vulnerable en la vía pública. “Con estos agentes se evitará la impunidad y se garantizará que los imprudentes no escapen sin ser debidamente procesados”, afirmó.

Finalmente, Quintero se comprometió a hacer seguimiento permanente al caso de Alejandro Loaiza Riaño, hasta obtener respuestas concretas, claridad en los procedimientos y eventuales acciones correctivas por parte de las entidades involucradas. “Bogotá dice que prioriza la vida. La calle debe demostrarlo con controles efectivos, sanciones justas y respeto a las víctimas”.