La revisión del proceso de concesión de agua a Coca-Cola en el municipio de La Calera, Cundinamarca, ha entrado en una fase decisiva tras más de cuarenta años de explotación del recurso por parte de la multinacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la dirección de la ministra encargada Irene Vélez Torres, solicitó a la autoridad ambiental regional una evaluación exhaustiva del trámite de prórroga presentado por la empresa, con énfasis en la prioridad del consumo humano y la necesidad de máxima transparencia en cada etapa del procedimiento.
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Vélez Torres dejó claro que la renovación automática de la concesión no es viable sin un análisis técnico y jurídico riguroso.
“En el caso específico de Coca-Cola, es imperativo revisar si después de cuarenta años de explotación, seriamente, procede o no una prórroga automática. Sobre todo, recordemos que una prórroga no podría, en ningún caso, darse sin un análisis técnico profundo, en el cual se debe evaluar el historial de la concesión y considerar los efectos del cambio climático y, obviamente, escuchar a la ciudadanía”, afirmó la ministra.
En este contexto, el Ministerio convocó una mesa técnica para el viernes 3 de octubre y solicitó una sesión extraordinaria y urgente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el objetivo de recibir información detallada sobre el estado actual del trámite, la posible apertura de un nuevo proceso de concesión y la incorporación de las observaciones ciudadanas recogidas en la audiencia pública.
Contexto normativo y prioridad del consumo humano
El marco normativo vigente, establecido en el Decreto 1076 de 2015, determina que las concesiones de agua solo pueden prorrogarse durante el último año de su vigencia y, aun en ese caso, deben anteponer el derecho humano al agua y el consumo colectivo sobre cualquier uso industrial.
La ministra enfatizó que la protección del agua como bien común y derecho fundamental es una obligación legal y ética: “El agua para la gente tiene prioridad sobre cualquier uso industrial”, recalcó Vélez Torres.
Además, insistió en que cualquier decisión debe estar respaldada por estudios técnicos y jurídicos, así como por la consideración de los procesos sancionatorios en curso y los impactos del cambio climático.
Preocupación ciudadana y alternativas en discusión
La inquietud social en torno a la concesión ha sido notoria. El proceso generó una intensa vigilancia por parte de la ciudadanía y de la veeduría comunitaria, que exigen claridad y acceso a toda la información relevante.
El Ministerio reconoció la importancia de estas preocupaciones y reiteró que la transparencia y la participación pública son elementos esenciales para la legitimidad de cualquier decisión sobre el recurso hídrico.
Entre las alternativas que se encuentran sobre la mesa, la ministra solicitó a la CAR que evalúe no solo la prórroga del permiso existente, sino también la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de concesión, considerando que el actual lleva más de cuarenta años en vigor.
Asimismo, pidió explicaciones detalladas sobre la forma en que se incorporaron las observaciones de la audiencia pública y qué fundamentos técnicos y jurídicos sustentan la decisión que se adopte.
De cara a los próximos días, el Ministerio de Ambiente reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia ambiental. La información y las decisiones relacionadas con la gestión del agua en La Calera deberán ser públicas y accesibles para toda la ciudadanía, garantizando que el proceso se ajuste a los principios de legalidad y equidad.
La cartera ambiental reafirmó su determinación de proteger el derecho humano al agua y de asegurar que cada resolución sobre este recurso esencial se base en criterios científicos, precaución y equidad ambiental.
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