El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) comunicó el viernes, 26 de septiembre de 2025, una prórroga de seis meses en la vigencia del plan de contingencia que comenzó a ejecutarse en marzo de 2025, de acuerdo a lo estipulado por la resolución 2025046281.
La finalidad de esta medida es asegurar la continuidad y eficiencia en la gestión de registros sanitarios, así como prevenir posibles situaciones de desabastecimiento de medicamentos en el territorio nacional.
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El plan de contingencia se implementó como respuesta conjunta entre el Invima y el Ministerio de Salud ante las dificultades alertadas tanto por grupos de pacientes como por la industria farmacéutica.
Entre los principales problemas reportados figuraban los retrasos y congestiones en la tramitación de registros, así como el temor a desabastecimientos que se percibieron con especial agudeza desde la segunda mitad de 2024 y durante los primeros meses del año siguiente. Fue el Tribunal de Cundinamarca el órgano encargado de ordenar la ejecución inmediata de dicho plan, dada la gravedad de las denuncias y el impacto potencial para la salud pública.
Prórroga de seis meses
El director general del Invima, Francisco Rossi Buenaventura, resaltó mediante un comunicado que “la prórroga del plan es necesaria para sostener la capacidad operativa frente a la alta demanda de trámites regulatorios, al tiempo que se refuerza la vigilancia sobre los riesgos de desabastecimiento”. Esta extensión posibilita que la entidad continúe fortaleciendo procesos internos y adoptando mecanismos efectivos para garantizar que la cadena de abastecimiento de medicamentos se mantenga estable.
Desde el sector productivo, voces como la de Yahel Bibiana Bueno, directora de la Federación Naturista Colombiana (Fenat), han resaltado el valor de la ampliación del plazo. Según su perspectiva, “la resolución amplía a seis meses el plazo para que el Invima atienda la contingencia de trámites, lo que permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre los gremios de la industria privada y la entidad”.
Destacó también la importancia de identificar ejes temáticos que prioricen la descongestión de trámites imprescindibles, lo cual facilita que el Invima focalice recursos y esfuerzos donde resultan más urgentes.
Atención eficiente a procedimientos prioritarios
En términos operativos, el plan continuará haciendo uso de instrumentos establecidos en su fase inicial. Se conserva el funcionamiento de la Mesa Técnica, principal órgano de articulación y toma de decisiones rápidas entre actores, así como la comunicación electrónica permanente con fabricantes y titulares de registros.
El sistema de verificación en línea de documentos internacionales permite la validación ágil de los soportes requeridos, mientras que el seguimiento administrativo constante asegura una atención oportuna a los expedientes más cruciales. Con este conjunto de herramientas, la política sanitaria apunta a que los procedimientos catalogados como prioritarios reciban atención eficiente y en tiempos ajustados a las necesidades de salud pública.
La selección de prioridades dentro del plan fue definida a partir de criterios específicos. Entre ellos están:
- Medicamentos en situación de desabastecimiento o aquellos que presentan alto riesgo de escasez en el corto o mediano plazo.
- La gestión de vacunas relevantes para la prevención de enfermedades respiratorias agudas
- Productos estratégicos considerados de interés para la salud pública
- Medicamentos declarados Vitales No Disponibles
- Trámites asociados a gases medicinales
- Medicinas de control especial bajo el manejo del Fondo Nacional de Estupefacientes
- Productos farmacéuticos de alto costo cuyo mercado tiene una oferta limitada
A través de la prórroga del plan de contingencia, el Invima busca resguardar de manera activa el acceso de la población a tratamientos esenciales y vacunas, a la vez que promueve la cooperación con el sector privado y el resto de actores de la cadena de suministro.
El sostenimiento del dispositivo especial representa un esfuerzo institucional clave en un contexto nacional de alta sensibilidad ante los riesgos de interrupción en el flujo de medicamentos, reafirmando el compromiso de la autoridad sanitaria con la salud pública y la atención oportuna a las necesidades regulatorias.
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