El debate en torno a los llamados impuestos saludables en Colombia se reavivó esta semana tras el anuncio de la senadora María Fernanda Cabal sobre su intención de eliminarlos si resulta electa presidenta.
Cabal ha argumentado que estos tributos habrían llevado a la quiebra a más de veinte mil pequeños comerciantes, afectando especialmente a los tenderos de barrio y a las familias trabajadoras.
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Según la senadora del Centro Democrático, tanto el impuesto como los sellos de advertencia en alimentos ultraprocesados constituyen un “castigo” para comerciantes y consumidores, al tiempo que generan un impacto negativo en la economía de los negocios de menor tamaño.
Sin embargo, un reciente análisis realizado por Red PaPaz, junto con el periodista Ronny Suárez y el influencer ElNutriDice, contradice esta narrativa.
En un video difundido en redes sociales, los comunicadores presentaron datos oficiales y testimonios que muestran una realidad distinta a la planteada por Cabal.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2024 y 2025 los micronegocios en Colombia experimentaron un crecimiento del 4,7 %, lo que evidencia un aumento en el número de tiendas de barrio y no una disminución.
Aunque se han registrado algunas caídas en los ingresos de ciertos negocios, los expertos señalan que estas se explican más por factores económicos generales que por la implementación del impuesto.
El testimonio de comerciantes como Nelly Rincón, propietaria de la Salsamentaria Monserrate, aporta una perspectiva desde el terreno. Rincón aseguró que, si bien la publicidad alrededor del impuesto provocó una leve disminución en el consumo al principio, no considera que haya puesto en riesgo la viabilidad de su negocio.
“Afecta un poco al comienzo, que hubo la publicidad del impuesto. Bajó un poco el consumo, pero no creo que llegue al punto de cerrar un negocio por esto, no”, explicó en el video. Su experiencia coincide con el análisis de Red PaPaz y cuestiona la afirmación de que miles de pequeños comerciantes hayan quebrado como resultado directo del gravamen.
Los impuestos saludables tienen su origen en la reforma tributaria de 2022, específicamente en el artículo 54 de la Ley 2277/2022, y entraron en vigencia a finales de 2023.
Estos tributos selectivos gravan principalmente dos categorías de productos: las bebidas ultraprocesadas azucaradas (IBUA) y los comestibles ultraprocesados con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas (Icui).
El debate sobre los efectos de los impuestos saludables en las tiendas de barrio no se limita a Colombia.
La tarifa se estableció de forma escalonada: 10 % en 2023, 15 % en 2024 y 20 % a partir de 2025, aplicándose sobre productores, importadores o responsables del producto, quienes deben reportar a la Dian conforme a los plazos y formularios oficiales.
El objetivo declarado de los impuestos saludables, según el Ministerio de Salud y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), es doble: desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, asociados a enfermedades crónicas como obesidad y diabetes, y generar recursos para financiar políticas públicas sanitarias.
“El Banco Mundial y la OPS revisaron la evidencia y llegaron a la misma conclusión: estos impuestos no tumban negocios, lo que hacen es salvar vidas”, subrayó Suárez.
La evidencia internacional respalda la eficacia de estos tributos para reducir el consumo de productos ultraprocesados sin provocar cierres masivos de negocios.
Experiencias en México, por ejemplo, muestran que este tipo de gravamen ha contribuido a mejorar indicadores de salud sin afectar de manera significativa la operación de tiendas de barrio o la industria de alimentos ultraprocesados.
En Colombia, los resultados de recaudación también son significativos. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, los impuestos saludables generaron aproximadamente 4,48 billones de pesos, con un crecimiento interanual sostenido.
Estas cifras representan un aporte importante al financiamiento de programas de salud y prevención de enfermedades, y los expertos advierten que la eliminación del impuesto obligaría al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento o a recortar programas existentes.
Desde el punto de vista legal, derogar los impuestos saludables requeriría la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, ya que no basta con la decisión presidencial para suprimir una ley tributaria de alcance general.
Además, cualquier eliminación tendría consecuencias sobre el presupuesto de salud y las metas de financiamiento de programas que actualmente dependen de estos recursos.
Por ello, la promesa de Cabal no podría implementarse de manera inmediata y estaría sujeta a un proceso legislativo y a ajustes presupuestarios concretos.
El debate político generado por la declaración de Cabal ha sido intenso. Voces del Pacto Histórico y otros actores han solicitado a la senadora pruebas concretas de que los impuestos saludables hayan provocado cierres masivos de pequeños comercios.
Por su parte, ministros y expertos en salud han reiterado la relevancia del gravamen para la financiación de políticas públicas y la protección de la salud de la población.
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