Petro retiró propuesta de impuestos que afectarían a millones de colombianos tras aprobación del presupuesto de 2026: “Es lo mas justo”

El presidente Gustavo Petro anunció el miércoles 24 de septiembre a través de su cuenta en X, la retirada de la propuesta para incrementar los impuestos a la gasolina y la cerveza.

Esta decisión surgió después de que las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaran en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2026, que quedó en 546,9 billones de pesos, una reducción de 10 billones respecto a la propuesta original del Ejecutivo.

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Esta medida marca un cambio en la estrategia tributaria planteada inicialmente por el Gobierno nacional.

La propuesta original ubicaba el gasto público en 556,9 billones de pesos, pero la ponencia de la representante Olga Lucía Velázquez (Alianza Verde) promovió una redistribución de recursos, con recortes en sectores como defensa, justicia, salud y ambiente, y con ajustes en otros como agricultura, comercio, deporte y tecnología.

Finalmente, las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes avalaron la reducción.

El anuncio del retiro de los incrementos tributarios fue realizado por el propio presidente Petro a través de sus redes sociales.

“Felicito a las comisiones económicas que hayan aprobado el presupuesto nacional por 547 billones. Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”, publicó el mandatario.

Adicionalmente, el jefe de Estado hizo un llamado a los fabricantes de cerveza para que utilicen como materia prima el trigo y la cebada de origen colombiano, lo que, a su juicio, contribuiría a fortalecer la economía del país: “Sabrá más rica”.

Los incrementos en los tributos a la cerveza y a la gasolina formaban parte de la reforma tributaria que el Gobierno busca impulsar en el Congreso, con el objetivo de aumentar los ingresos destinados a programas sociales y estratégicos.

En el momento en el que fue presentada la reforma tributaria ante el Congreso de la República, la propuesta de imponerle nuevos impuestos a la gasolina y a las bebidas alcohólicas recibió rechazo por parte de gremios productivos y consumidores, que señalaron el impacto potencial en el costo del transporte y en la canasta familiar.

En diferentes medios de comunicación se informó que los sectores afectados presionaron para que el Gobierno reconsiderara el alcance de estos impuestos.

De acuerdo al nuevo diseño presupuestal, 359,3 billones de pesos serán destinados a funcionamiento, 102,4 billones al servicio de deuda y 84,7 billones a inversión.

Aunque el Gobierno nacional renunció al aumento de estos tributos, mantiene como meta un recaudo de 16,2 billones de pesos a través de otras fuentes fiscales.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó el ambiente en el Congreso como propicio para el consenso: “Lo que hemos logrado el día de hoy es un escenario de acuerdos y consensos entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional, para dar un avance en la aprobación del Presupuesto General de la Nación”.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 debe superar un segundo debate ante las plenarias del Senado y la Cámara antes del 1 de octubre.

Si este trámite legislativo no concluye a tiempo, el Ejecutivo tiene la facultad de expedirlo mediante decreto, de acuerdo con la Constitución colombiana.

Parlamentarios de la oposición, como el senador Ciro Ramírez, advirtieron sobre las implicancias de que el presupuesto se apruebe por decreto y manifestaron su desacuerdo con la reforma tributaria planteada.

La representante Velázquez, responsable de la ponencia aprobada, informó que su propuesta excluyó siete artículos que habían generado amplia discusión legislativa. La votación reflejó consensos entre distintos sectores, permitiendo que el Gobierno nacional cuente con 546,9 billones de pesos para el último año del mandato de Petro y los primeros meses de la próxima administración.

El debate de la reforma tributaria continuará su curso paralelo en el Congreso, donde persistirá el desafío de equilibrar el financiamiento de los programas sociales sin imponer gravámenes directos sobre productos de consumo masivo como la gasolina y la cerveza.