El secuestro de Eybar Albán Liz Quiguanás, integrante del resguardo de Santa Rosa de Capicisco en Inzá (Cauca), provocó pronunciamientos nacionales e internacionales que reclaman su regreso en condiciones de seguridad.
El hecho ocurrió el 20 de septiembre, cuando fue interceptado por hombres armados señalados de pertenecer a la columna Dagoberto Ramos, una facción disidente de las antiguas Farc. Desde entonces, su paradero sigue sin ser establecido.
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Según la denuncia realizada por autoridades indígenas del territorio, el comunero viajaba en compañía de su madre por la vía que conecta La Plata (Huila) con Inzá.
A la altura del sector conocido como Juntas, un grupo armado detuvo el vehículo, obligó a descender al joven y lo condujo hacia caminos que conducen a los resguardos de Ricaurte y San Luis. Tras la retención, los atacantes se llevaron el automóvil en el que se transportaban.
Frente a la situación, la Guardia Indígena inició de inmediato labores de rastreo en la zona. En su declaración, las autoridades de Santa Rosa hicieron un llamado contundente a los responsables para que liberen al comunero sin condiciones. “Respetar la vida e integridad del comunero secuestrado y proceder a su pronta liberación sin condiciones, en respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, manifestaron en el comunicado citado por Semana.
El caso despertó la reacción de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que expresó públicamente su preocupación. “Urgimos libertad inmediata, sano y salvo, y sin condiciones de Eybar Albán Liz Quiguanás, comunero del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco, Inzá. Reconocemos la labor que realizan las autoridades y guardia indígena en pro de su búsqueda y su liberación. Instamos al Gobierno Nacional a realizar las coordinaciones pertinentes con las autoridades indígenas para la búsqueda del comunero Quiguanás”, señaló el organismo internacional, en declaraciones recogidas por Semana.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) respaldó el pedido de libertad y advirtió sobre la escalada de amenazas en contra de las comunidades. La organización insistió en que los grupos armados deben responder por cualquier daño que pueda sufrir el comunero y reiteró que la violencia en la región ha golpeado de manera recurrente a líderes y defensores de derechos colectivos.
La situación de Quiguanás se presenta en medio de un contexto de alta tensión en el departamento. De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se han emitido varias alertas tempranas en municipios como Inzá, Páez y Toribío, donde persisten riesgos de homicidios selectivos, confinamientos forzados y hostigamientos contra liderazgos comunitarios. Estas advertencias se enmarcan en el accionar de disidencias de las Farc, el ELN y estructuras ligadas al narcotráfico que mantienen enfrentamientos por el control de corredores estratégicos.
En este escenario, los pueblos indígenas del Cauca han reiterado que su posición se fundamenta en la defensa de la vida, el respeto a los territorios y la protección de los derechos colectivos. Desde Santa Rosa recordaron que su comunidad se opone a cualquier forma de violencia y que no puede aceptarse el uso de la población civil en disputas armadas.
La Guardia Indígena mantiene operativos de búsqueda y acompañamiento a la familia del comunero, con el apoyo de autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias. Sin embargo, el territorio presenta dificultades de acceso debido a la presencia de grupos irregulares que limitan la movilidad.
El secuestro de Eybar Albán Liz Quiguanás también se suma a hechos recientes de hostigamientos contra líderes del departamento, lo que ha generado inquietud sobre la capacidad de protección en la región. Las comunidades han solicitado que el Gobierno refuerce las medidas de seguridad y coordine con las autoridades indígenas para garantizar la vida de quienes se encuentran bajo riesgo.
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