Exalcalde de Apartadó, Antioquia, recuperó su libertad, pero continuará vinculado a proceso por presunta corrupción

El miércoles 24 de septiembre de 2025 se conoció que Héctor Rangel Palacios, exalcalde de Apartadó (Antioquia), fue dejado en libertad en medio del proceso relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de fondos del municipio.

Rangel, capturado el 19 de septiembre en una vía pública del municipio por presuntos delitos contra la administración pública cometidos durante su gestión en 2024, recuperó su libertad tras una decisión del Juzgado Primero Municipal de Carepa.

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Aunque el juez resolvió no imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad, el proceso judicial en su contra continúa abierto, manteniendo la atención sobre el caso y sus posibles implicaciones para la administración local.

La defensa de Rangel, encabezada por el abogado Óscar David Santamaría, celebró la decisión judicial y destacó su compromiso con el respeto a las garantías procesales. En un comunicado, el equipo legal indicó: “Como equipo legal, reiteramos nuestro compromiso con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia. Nuestro representado acudirá con respeto y disposición a todas las instancias judiciales a las que sea convocado, en estricto acatamiento de la institucionalidad”.

La fiscal del caso apeló la decisión, solicitando que el exalcalde enfrentara el proceso desde un centro de reclusión. Tras la captura de Rangel, el extesorero municipal Cristian Mena se entregó a las autoridades, ampliando el espectro de investigados en el caso.

Desfalco de fondos públicos y hallazgos de la Contraloría

El origen de la investigación se remonta a la detección de un presunto desfalco de fondos públicos de más de $3.500 millones de los recursos municipales de Apartadó.

Según el secretario de Gobierno, Rubiel Montes, la irregularidad salió a la luz durante el proceso de empalme entre administraciones. Montes detalló en rueda de prensa: “Iniciamos el proceso de empalme y hemos encontrado que de las arcas del municipio se hurtaron $3.554 millones”.

El mecanismo utilizado para sustraer los recursos incluyó 50 transferencias bancarias realizadas durante un periodo de 324 días, en el cual Apartadó tuvo tres mandatarios: uno elegido por voto popular y dos designados temporalmente tras la suspensión del titular.

Montes explicó que los responsables omitieron todos los requisitos legales de contratación, como la existencia de contratos, planillas de aportes a seguridad social, informes de actividades y supervisión. Además, señaló que los pagos se efectuaron sin soporte documental alguno: “Todo esto lo obviaron. Pagaron con una hojita”, afirmó el funcionario.

Tras recibir la denuncia por parte de la actual administración, la Contraloría inició una investigación que, para junio, ya había identificado 13 hallazgos administrativos, y nueve de carácter disciplinario, penal y fiscal.

Según el reporte, los primeros recursos perdidos ascendieron a $2.280 millones, transferidos sin soporte entre el 1.º de enero de 2024 y el 22 de enero de 2025. Posteriormente, se reportó la pérdida de $519 millones adicionales entre el 23 de enero y el 17 de febrero de 2025, periodo en el que el municipio estuvo bajo la dirección de un alcalde encargado por la Gobernación de Antioquia, tras la destitución de Héctor Rangel por doble militancia.

Contexto político y proceso electoral en Apartadó

De otro lado, el contexto político de Apartadó ha estado marcado por la inestabilidad y la controversia. La destitución de Rangel se produjo luego de que el Consejo de Estado anulara su elección por incurrir en doble militancia, al recibir el apoyo del Partido Independientes y contar con el aval de la coalición del Partido Liberal.

Esta decisión derivó en una jornada electoral atípica el 6 de abril de 2025, en la que participaron 42.379 ciudadanos. Aunque el preconteo de la Registraduría Nacional dio como ganador a Rangel, un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, emitido el 4 de abril, lo inhabilitó para participar en los comicios, generando incertidumbre sobre la legalidad de su candidatura y la validez de los resultados.

El equipo jurídico de Rangel argumentó que la competencia para decidir sobre la inscripción correspondía al Consejo Nacional Electoral, no al tribunal administrativo. La Registraduría reportó que Rangel obtuvo aproximadamente 19.962 votos, equivalentes al 47,7% del total, aunque la confirmación oficial del ganador quedó pendiente del escrutinio formal.