Las recientes declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, entregadas el miércoles 24 de septiembre de 2025, parecen sacudir -una vez más- no solo las estructuras del Congreso de la República; también las bases del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, pues ratificarían lo que sería la participación de uno de sus exministros en el entramado de corrupción.
Según información obtenida por La FM, López aseguró ante el alto tribunal que recibió la orden del extitular de la cartera del Interior Luis Fernando Velasco para direccionar contratos a favor del senador Julio Elías Chagüi. Siendo esta una afirmación que profundizaría, aún más, las sospechas sobre la existencia de redes de favorecimiento político en la adjudicación de recursos públicos.
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En su testimonio, López también implicó a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, al señalar que, a través de sus servicios, habrían sido favorecidos sus amigos, Issa Rizcala y Jorge Rizcala, en contratos de maquinaria amarilla en La Guajira. De esta manera, expuso el esquema en el que la influencia parlamentaria habría beneficiado a allegados de la congresista en procesos contractuales.
Olmedo López ya había dicho que Gustavo Petro habría puesto precio a su ‘cabeza’
Es válido precisar que López, en una comunicación escrita enviada a la Corte Suprema, denunció un intento de soborno por 10.000 millones de pesos para modificar sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, en relación por lo que habría sido el entramado de corrupción al interior de la entidad. Es más: en su relato, no dudó en afirmar que Petro le habría puesto precio a su ‘cabeza’.
“En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó de ‘traidor de la izquierda’. Esto constituye una grave estigmatización pública y equivale a poner precio a mi cabeza”, afirmó el exfuncionario, que junto con el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, es testigo clave del caso.
En su comunicación, López -que en su momento intentó llegar al Senado por la lista de Decentes- recordó que el movimiento M-19, al que perteneció junto con Petro, recibir un señalamiento de traidor significaba, palabras más, palabras menos, que una sentencia de muerte. “El presidente y yo sabemos perfectamente la connotación de ese señalamiento”, expresó el exmiembro del Gobierno.
Cabe destacar que el exdirector de la Ungrd firmó un principio de oportunidad ya avalado por jueces de control de garantías y un preacuerdo con la Fiscalía, pero el mismo aún pendiente de aprobación. Sin embargo, frente a lo que considera el preocupante contexto en materia de seguridad, anunció que se abstendrá de rendir más declaraciones hasta que no existan garantías para expresarse.
“Me abstendré de rendir declaración o pronunciamiento alguno, hasta tanto dicho preacuerdo sea aprobado en su totalidad por las autoridades judiciales competentes”, precisó López, que renunció en febrero de 2024 tras estallar el escándalo por la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, por el orden de los 46.800 millones de pesos, con evidentes sobrecostos.
En sus diferentes pronunciamientos, el exdirector de la Ungrd también habló de cómo, por parte del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, se habría ordenado el pago de sobornos por $3.000 millones al expresidente del Senado Iván Name, y de $1.000 millones para el extitular de la Cámara Andrés Calle Aguas, para favorecer al Gobierno.
El preacuerdo de Olmedo López con la Fiscalía contemplaba la devolución de $724 millones al Estado. La propuesta establecía un plan de pagos, que incluía la entrega de bienes inmuebles y consignaciones escalonadas, aunque parte de ese dinero ya había sido entregado mediante consignaciones efectuadas en enero y marzo de 2025, y el resto sería cubierto con la entrega de una propiedad ubicada en Itagüí.
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