El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) presentó un balance sobre el derecho a morir dignamente en Colombia.
El informe, titulado “De Muerte Lenta”, recopila estadísticas oficiales y testimonios que reflejan la evolución de la eutanasia desde su reglamentación en 2015.
El estudio indica que en el país se han realizado 1.044 procedimientos en diez años, un registro que muestra una tendencia ascendente, aunque persisten dificultades en la aprobación de solicitudes y en la cobertura regional.
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De acuerdo con el documento conocido por El Tiempo, en 2015 solo se llevaron a cabo cuatro procedimientos. La cifra creció de manera sostenida durante la década y alcanzó en 2024 un total de 352 casos, un aumento del 29,9 % en comparación con el año anterior.
Sin embargo, DescLAB señaló que “en 2024 solo se aprobaron el 30 % de las solicitudes, la tasa más baja desde que se tiene registro en el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia”.
Esto refleja que, pese a la ampliación del acceso, una parte significativa de quienes presentan la petición no logra obtener la autorización correspondiente.
El estudio también analizó los diagnósticos más frecuentes entre las personas que accedieron al procedimiento. El 74,6 % correspondió a pacientes con cáncer, principalmente en órganos como estómago, páncreas, recto y pulmón. A partir de 2021, cuando la Corte Constitucional eliminó la exigencia de enfermedad terminal, se amplió el espectro de diagnósticos habilitados. En esa categoría se ubican condiciones como esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), dolor crónico intratable e insuficiencia renal crónica.
El informe subrayó además el papel de los Documentos de Voluntad Anticipada (DVA), una herramienta que permite dejar constancia de decisiones en materia de final de vida. Según DescLAB, la proporción de procedimientos con DVA pasó del 23 % en informes anteriores al 49,8 % entre 2015 y 2024. Aun así, la organización indicó que la difusión de esta herramienta sigue siendo insuficiente y limita la efectividad de las decisiones tomadas por los pacientes.
Otro punto señalado en el balance tiene relación con la distribución territorial de la práctica. El 85,5 % de los casos reportados en la última década se concentró en Bogotá y Antioquia, lo que muestra una alta centralización en dos regiones del país. El documento precisó que únicamente 35 instituciones de salud han realizado al menos un procedimiento, lo que reduce las opciones disponibles para quienes viven en otras zonas.
En cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa, DescLAB señaló que el tiempo promedio de respuesta de los comités encargados de evaluar las solicitudes en 2024 fue de 33,5 horas, cifra que supera el límite legal de 24 horas. Esta diferencia, aunque no parece amplia en términos absolutos, representa un incumplimiento frente a lo establecido en la regulación que busca garantizar celeridad en los trámites.
La publicación coincide con el aniversario de diez años de la reglamentación que permitió la eutanasia en Colombia. En 2015 el Ministerio de Salud expidió la resolución que reglamentó el procedimiento tras fallos de la Corte Constitucional.
Desde entonces, el país se convirtió en referente regional al reconocer el derecho a morir dignamente bajo parámetros específicos de autorización y acompañamiento médico.
El estudio también resaltó que la Corte Constitucional ha emitido fallos posteriores que ampliaron las condiciones de acceso. El más relevante se dio en 2021, cuando se eliminó el requisito de enfermedad terminal y se abrió la posibilidad para personas con patologías graves o sufrimiento intenso que no encuentran alivio en tratamientos convencionales.
La investigación de DescLAB, en su tercera edición, se centró en recopilar datos provenientes del Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia, así como en entrevistas con pacientes y familiares. La intención, según indicó la organización, es ofrecer una mirada integral sobre el desarrollo de este derecho en el país, identificando avances y dificultades.
Finalmente, el balance destacó que, aunque Colombia es pionera en América Latina en materia de reconocimiento jurídico de la eutanasia, aún existen obstáculos de carácter normativo, institucional y cultural que impiden un acceso uniforme. DescLAB puntualizó que es necesario fortalecer la capacidad de respuesta de los comités, ampliar la cobertura a nivel territorial y difundir mecanismos como los Documentos de Voluntad Anticipada para garantizar un ejercicio pleno del derecho.
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