Detrimento patrimonial superior a los $150.000 millones estaría afectando el desarrollo de obras claves de movilidad en Bogotá

La Contraloria de Bogotá reveló retrasos en inconsistencias en la adquisición de 106 predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que involucran un total de $151.000 millones. Según el ente de control, la gestión de la entidad distrital no se concluyó, por lo que obras claves para la movilidad de los ciudadanos se ven afectadas.

La investigación del ente de control abarca hechos ocurridos entre 2020 y 2022, en la alcaldía de Claudia López, cuando el IDU realizó pagos por promesas de compraventa y procesos de expropiación administrativa para la adquisición de terrenos necesarios en la ejecución de obras viales. No obstante, pese a los desembolsos, el distrito no figura como el titular de los predios en cuestión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La primera parte es más de 100 predios que debían entregarle, que debía adquirir el IDU para entregar a los contratistas para poder cumplir con sus obras. En eso, ¿qué encontramos? Falta de escrituración, desarrollos de acciones administrativas que no se han terminado y que todavía no han podido llegar esos predios a propiedad del IDU para poder entregar a los contratistas para el desarrollo de las obras", indicó Juan Carlos Gualdrón, director de apoyo del despacho del contralor distrital.

Para la entidad, el detrimento que genera la gestión inconclusa para dar paso a obras de infraestructura asciende a más de $121.000 millones que no se ven reflejados en el avance en la construcción de proyectos viales en beneficio de todos los bogotanos.

Este no es el primer hallazgo que dejó la investigación de la entidad de control. De acuerdo con el análisis de la Contraloría, se identificó un segundo foco de irregularidades que corresponde a los costos de interventoría de los proyectos, cuyo detrimento es de $29.726 millones. Para la entidad, estos sobrecostos se originaron por la imposibilidad de entregar oportunamente los terrenos a los contratistas, lo que provocó retrasos y alargó notablemente el plazo de ejecución de los contratos.

“El segundo caso es cerca de treinta mil millones de pesos por mayores demoras de los contratistas en el desarrollo de las obras, porque no les habían entregado esos mismos predios legalizados para poder ejercer sus labores de contratistas, demoliciones para el desarrollo de las obras”, expresó el funcionario.

El informe indica, además, que el IDU había ofertado cerca de 3.828 predios en 2022 para diversos proyectos clave en la ciudad, como la troncal avenida 68 y el Corredor Verde de la carrera Séptima, entre otros, por lo que la dispersión y complejidad en la gestión predial han dificultado la consolidación de estos terrenos, afectando no solo la ejecución de obras, sino la planificación urbana del distrito.

Según la entidad, la falta de gestión predial efectiva afectó el cronograma de los proyectos y elevó los gastos asociados a la supervisión y ejecución de las obras, lo que terminó derivando en retrasos en la entrega de los proyectos, así como en traumatismos en la movilidad diaria de los bogotanos dentro de la ciudad.

Los hallazgos, que también afectan las finanzas del distrito, fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la entidad, que será la encargada de determinar si existió participación de servidores públicos o de particulares en el detrimento patrimonial de la ciudad.

Frente al informe del ente de control, el IDU detalló que se encuentra adelantando un plan de mejora que incluye la adquisición de los predios y la coordinación con las áreas técnicas para la sincronización de los cronogramas de construcción.

De acuerdo con el Manual de Gestión Predial de la entidad distrital, para que un proyecto pueda iniciar satisfactoriamente se debe contar con al menos el 80% del área requerida y el 100% de los predios ofertados, por lo que las demoras en las gestiones fiscales afectan notablemente el desarrollo de las construcciones.