Promocionar discursos políticos a través de entidades del Estado y los riesgos de ello: “Estamos en ese límite”

Durante su mandato, Gustavo Petro ha recibido críticas por la forma de coordinar el trabajo de las diferentes carteras; sin embargo, en las últimas semanas se ha visto un trabajo mancomunado entre varias entidades del Estado, que se han enfocado en replicar pronunciamientos del presidente.

Ante esta situación, en la que han participado instituciones como el Servicio Geológico Colombiano, un ciudadano identificado como Hernán Cortés presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación en Colombia para que se investigue el uso de redes sociales oficiales de entidades públicas con fines políticos relacionados con la promoción del presidente Gustavo Petro.

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De acuerdo con la denuncia, organizaciones como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) han compartido mensajes y declaraciones presidenciales en sus plataformas, lo que implicaría un uso indebido de recursos públicos.

Según el denunciante, la difusión de este tipo de contenido viola la normativa que prohíbe la exaltación de funcionarios públicos a través de medios estatales.

Bajo este contexto, en diálogo con Infobae Colombia, Mariana Ramos Algarra, que es asesora de procesos académicos de la Especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional y, docente de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, entregó su postura sobre lo que se está registrando en el país.

En primer lugar, indicó que en todo momento se debe entender la diferencia entre un discurso para informar aspectos relevantes, que los pronunciamientos con fines políticos.

“En este punto es necesario distinguir entre dos escenarios. De un lado, la difusión de declaraciones del mandatario que tengan por objeto informar, aclarar o comunicar aspectos relacionados con la gestión pública, la rendición de cuentas, actos administrativos, comunicados de interés general o posiciones oficiales del Gobierno, buscando que tengan coherencia con la misión institucional de las entidades a través de las cuales se divulga la información”.

Para la experta, el Gobierno nacional debe cuidar como se utilizan las redes sociales de entidades fundamentales que no deben perder la confianza de los colombianos.

“Hay entidades que, por su nivel de tecnicidad, considero que deberían estar especialmente cuidadas de cualquier tipo de información que llegue a poder ser politizada, por ejemplo: el Dane o el Servicio Geológico Colombiano”.

En ese sentido, y tras analizar algunas de las publicaciones, Algarra indicó que hay posibilidades de que se esté registrando una infracción al replicar discursos con tintes políticos del mandatario.

“De otro lado, la utilización de cuentas oficiales para difundir mensajes con contenido electoral, propagandístico o de promoción personal o partidista, lo cual podría constituir un uso indebido de recursos públicos, una intervención prohibida en política y, en época preelectoral, una eventual infracción de la Ley de Garantías Electorales”.

Mariana Algarra mencionó los escenarios que podrían registrarse en caso de que avancen las denuncias mencionadas ante Procuraduría General de la Nación.

“Por vía administrativa y disciplinaria pueden interponerse denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por eventual intervención indebida en política de servidores públicos o ante la Contraloría General de la República en caso de configurarse un uso irregular de recursos públicos. También por vía judicial una acción de tutela si la difusión afecta derechos fundamentales como la igualdad”.

Por último, indicó que, en su postura, las entidades mencionadas están al “límite” de estar haciendo propaganda política de cara a las elecciones de 2026, lo que calificó como algo negativo en un país polarizado como Colombia.

“También hay un control electoral que sería una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, por violación de principios como imparcialidad electoral o ley de garantías. Considero que estamos en ese límite, vemos entidades que sí podrían llegar a estar haciendo propaganda, promoción personal o partidista”.