La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria tras la denuncia de presuntos actos de corrupción y malos manejos en la Unidad de Víctimas, entidad responsable de atender a más de 10 millones de colombianos afectados por el conflicto armado.
El proceso involucra al director de la entidad, Adith Romero, y al senador Gustavo Moreno, quienes están bajo la lupa de las autoridades por la gravedad de las acusaciones, según información de Semana.
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El procurador General Gregorio Eljach ordenó a la Sala de Instrucción del Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación, con el objetivo de valorar los hechos, identificar a los responsables y determinar posibles sanciones disciplinarias y penales.
Aunque el auto oficial se dará a conocer el lunes 22 de septiembre, las actuaciones ya han comenzado debido a la urgencia y el impacto de las denuncias.
Las acusaciones señalan que la Unidad de Víctimas se habría convertido en un fortín político al servicio de un clan de Santander, con el senador Gustavo Moreno como figura central.
El medio indica que el gobierno de Gustavo Petro entregó el control de la entidad a este grupo político, en reconocimiento a los apoyos legislativos recibidos en el Congreso para la aprobación de reformas y proyectos oficiales.
La investigación destaca que la entidad administra un presupuesto anual de 4.5 billones de pesos, asignados para la atención de las víctimas del conflicto.
Sin embargo, existen sospechas de que estos recursos podrían estar siendo utilizados para fines electorales, especialmente para fortalecer campañas de cara a las elecciones de 2026. Además, se han denunciado presiones y atropellos contra funcionarios que se oponen a estos presuntos manejos irregulares, lo que agrava la situación institucional.
El presunto uso político de la Unidad de Víctimas ha generado preocupación por el destino de los recursos públicos y ha puesto en evidencia la influencia de líderes cuestionados de Barrancabermeja, así como la posible existencia de nombramientos irregulares, algunos bajo investigación por supuestos vínculos con el ELN.
El medio mencionado subraya que estas prácticas habrían consolidado a la entidad como un instrumento de poder para el clan político aliado al Gobierno Petro.
La magnitud del presupuesto administrado por la Unidad de Víctimas y la posibilidad de que parte de estos fondos se utilicen para financiar campañas políticas han encendido las alarmas sobre la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos públicos. Las denuncias apuntan a que la entidad, lejos de cumplir su misión de proteger a las víctimas, estaría sirviendo a intereses particulares y electorales.
Las reacciones no se han hecho esperar. Marelen Castillo, representante a la Cámara por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, expresó su preocupación a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.
La congresista lamentó la situación y cuestionó los nombramientos de personas sin experiencia e incluso investigadas por presuntos nexos con el ELN, al tiempo que exigió respuestas al Gobierno frente a este nuevo escándalo.
“La Unidad de Víctimas, que debía proteger a más de 10 millones de colombianos golpeados por la guerra, terminó convertida en un fortín político bajo el Gobierno de @petrogustavo Nombramientos sin experiencia y hasta investigados por nexos con el ELN. ¿Y ahora con qué saldrá el Gobierno para tapar este nuevo escándalo?”, cuestionó Castillo en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
En este contexto, la Unidad de Víctimas, creada para resguardar los derechos de millones de colombianos afectados por la violencia, enfrenta ahora un profundo cuestionamiento sobre su integridad institucional y su papel en el escenario político nacional.
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