La condena a más de ocho años de prisión impuesta a Cristian Camilo Serna Hurtado por el reclutamiento ilícito de menores para las disidencias de las Farc revela la gravedad de los métodos empleados para captar adolescentes en Colombia.
El caso, que involucra a una niña de 13 años y a una adolescente de 17 años, expone cómo la coacción y las amenazas se utilizan para forzar la vinculación de menores a estructuras armadas ilegales.
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En agosto de 2024, Serna Hurtado contactó a las dos menores en Chaparral (Tolima). Según la sentencia, recurrió tanto a engaños como a intimidaciones, llegando a amenazar con atentar contra las familias de las adolescentes si no accedían a acompañarlo a Caquetá para integrarse a una organización armada disidente de las Farc.
La manipulación y el temor fueron determinantes en la decisión de las jóvenes de seguirlo, como quedó consignado en el proceso judicial.
El plan de traslado se inició con la compra de tiquetes de bus intermunicipal hacia Guamo (Tolima). La intervención de la madre de una de las adolescentes resultó crucial, ya que al percatarse de la situación logró impedir que su hija emprendiera el viaje.
En contraste, la niña de 13 años sí abordó el vehículo, pero durante el trayecto fue localizada y rescatada por unidades de la Policía Nacional, que también procedieron a la captura en flagrancia de Serna Hurtado.
Tras su detención, Serna Hurtado fue judicializado por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial y recluido en un centro carcelario. Posteriormente, durante la audiencia de acusación, aceptó voluntariamente el delito de reclutamiento ilícito y se sometió a sentencia anticipada. El juez penal de conocimiento dictó una condena de ocho años y nueve meses de prisión, estableciendo que deberá permanecer privado de la libertad.
La publicación de estos hechos responde a razones de interés general, dada la persistencia del reclutamiento forzado de menores en el país y la necesidad de visibilizar las acciones judiciales emprendidas para combatir este delito.
Excomandantes de las Farc admiten ante la JEP el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores
Seis excomandantes del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC reconocieron este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores en el marco del conflicto armado colombiano. La admisión, presentada en un comunicado público, calificó el reclutamiento como “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados”.
La JEP había imputado a los excomandantes por crímenes de guerra a finales de 2024, responsabilizándolos del reclutamiento forzoso de al menos 18.677 niños y adolescentes entre 1996 y 2006. Muchas de las víctimas fueron sometidas a torturas, violaciones y abortos forzados. Entre los firmantes del reconocimiento están Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada). Dos de ellos son actualmente senadores.
En el comunicado, los excomandantes señalaron: “tenemos el deber de aportar una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido, sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición”. Aunque afirman aceptar la “responsabilidad” por esta “herida colectiva”, no profundizaron sobre las acusaciones de violencia sexual incluidas en el mismo expediente, como la anticoncepción y el aborto forzado.
De acuerdo con los archivos de la JEP, cerca de 5.600 de los menores reclutados tenían 14 años o menos, a pesar de que las normas internas de la guerrilla prohibían el ingreso de menores de 15. El reclutamiento se produjo mediante la amenaza o el uso de la fuerza en el 57% de los casos, engaños como falsas promesas en el 28%, y convencimiento ideológico en el 15%. La práctica se documentó en todo el país, salvo el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El abogado Juan Manuel Martínez, representante de un grupo de víctimas ante la JEP, considera insuficiente el reconocimiento: “No hay un aporte pleno, detallado y exhaustivo de lo que sucedió en el marco del conflicto armado”. Martínez señaló que los involucrados “argumentan que no hay una motivación organizacional demostrable de que se llevaran a cabo crímenes de violencia sexual”, y que los consideran hechos aislados.
En su declaración, los seis excomandantes plantearon también la necesidad de unificar las investigaciones de la JEP para “una única resolución de conclusiones” que, según su postura, permita una justicia oportuna y seguridad jurídica para quienes firmaron el Acuerdo de Paz.
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