Bloqueos, sabotajes y la batalla por el control vial: revelan cómo el gremio motero intenta imponerse en Bogotá

Más de 1.2 millones de motociclistas circulan por las calles de Bogotá, conformando el grupo de usuarios de transporte más numeroso y organizado de la ciudad.

Su peso social y político se refleja en la elección de Edison Julián Forero Casteblanco, conocido como ‘Fuchi’, quien alcanzó la mayor votación al Concejo de Bogotá, impulsado principalmente por este gremio.

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La influencia de los motociclistas en la capital no solo se mide en cifras, sino también en su capacidad de organización y presión política. Agrupados en diversos gremios y asociaciones, han logrado representación directa en el Concejo, lo que les otorga una voz activa en la toma de decisiones urbanas.

Sin embargo, la gestión de Forero ha estado marcada por la polémica, especialmente por su rechazo a los controles viales y la ausencia de campañas que promuevan el cumplimiento de las normas de tránsito entre los moteros, quienes figuran como las principales víctimas de siniestralidad vial.

La jornada de movilizaciones del 16 de septiembre, convocada y promovida por Forero a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y comunidades específicas creadas para la planificación y diseño de las protestas, movimientos civiles y plan de acción de los moteros en Bogotá, se convirtió en el epicentro de la controversia, según una investigación de El Tiempo.

La Procuraduría abrió una investigación contra el concejal por los bloqueos registrados durante la protesta, en la que él mismo encabezó las acciones. En los días previos, los mensajes difundidos por Forero invitaban a los conductores a sumarse a la movilización de diferentes sectores del transporte.

Algunos participantes propusieron realizar plantones cerca de las viviendas de funcionarios del Distrito y bloquear lugares estratégicos como el aeropuerto, el centro de la ciudad y las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Además, se reportaron insultos y ataques verbales contra miembros del gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán.

Santiago Botero, precandidato presidencial, se sumó a la protesta con declaraciones en video en las que acusó a la administración de “atacar a las personas honestas que quieren trabajar” y de “beneficiar a los bandidos”, refiriéndose a los agentes de tránsito y las fotomultas.

Los grupos de motociclistas, según el mencionado medio, organizan concentraciones alrededor de los retenes policiales para impedir la inmovilización de motos, incluso bajando vehículos de las grúas y agrediendo a funcionarios. También se han sugerido actos de vandalismo, como pintar cámaras de fotomultas y bloquear el sistema Transmilenio.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, afirmó al medio mencionado que los organizadores buscan que las autoridades y la ciudadanía permitan que los motociclistas actúen sin restricciones en las vías públicas.

Omar Oróstegui, director del Govlab de la Universidad de La Sabana, en diálogo con el medio mencionado, advirtió sobre la presencia de figuras políticas que intentan capitalizar el malestar del gremio para fines electorales, utilizando tácticas de visibilidad mediática y mensajes agresivos. “Es preocupante la presencia de figuras políticas detrás de estas acciones. Un concejal y un aspirante presidencial buscan capitalizar el malestar y las emociones de ciertos grupos para sus fines electorales. No en vano la convocatoria estuvo acompañada de mensajes agresivos y amenazas en redes sociales, una táctica calculada para ganar visibilidad mediática y fortalecer agendas personales}2.

Esta situación ha generado un creciente rechazo social hacia el gremio, incluso entre motociclistas que no se sienten representados por las protestas y que también resultan perjudicados por los bloqueos y la percepción negativa que se ha extendido en la ciudad.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 312 muertes en siniestros viales, de las cuales el 44.8% (140 víctimas) correspondieron a motociclistas. Les siguen los peatones (127), ciclistas (33) y otros actores viales (12).

Uno de los episodios recientes que ilustra la tensión entre el gremio y las autoridades ocurrió el 27 de agosto, cuando un grupo de motociclistas intentó impedir la inmovilización de una moto que prestaba servicios de transporte informal.

La intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) permitió disipar la protesta, que dejó como saldo 12 personas capturadas por obstrucción a la función pública, 29 comparendos y 24 inmovilizaciones.

Siete de los detenidos tenían antecedentes judiciales por delitos como violencia contra servidor público, hurto y lesiones personales, entre otros. Según fuentes consultadas por El Tiempo, este tipo de sabotaje a los operativos policiales se ha vuelto una práctica recurrente, coordinada a través de grupos de WhatsApp.

En materia de seguridad ciudadana, el uso de motocicletas en la comisión de delitos sigue siendo un desafío para Bogotá. Aunque no se ha demostrado una incidencia directa reciente, las autoridades advierten que la facilidad y rapidez de estos vehículos los convierte en herramientas para hurtos y sicariatos, especialmente en vías congestionadas.