Un ciudadano identificado como Hernán Cortés radicó un escrito ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el presunto uso de redes sociales oficiales de varias entidades públicas con fines políticos y de promoción personal del presidente Gustavo Petro.
El denunciante pidió que se determinen posibles responsabilidades y se adopten medidas para garantizar la neutralidad de estas plataformas digitales, especialmente en el contexto preelectoral.
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De acuerdo con la denuncia, perfiles institucionales como los del Servicio Geológico Colombiano y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) han difundido mensajes relacionados con declaraciones y alocuciones presidenciales.
Según Cortés, estas acciones representan un uso inadecuado de recursos públicos y de canales que deberían mantener un carácter estrictamente técnico. “En días pasados hemos advertido cómo el Gobierno nacional ha utilizado redes sociales institucionales, oficiales, técnicas, como son las redes sociales de la Dian, como son las redes sociales del sistema meteorológico que deberían ser neutras, técnicas, las ha utilizado para hacer propaganda oficial, las ha utilizado para tapar sus escándalos de corrupción y para mover su agenda, y eso es sencillamente ilegal e inconstitucional”, señaló Cortés en un video publicado en X.

Advertencias sobre un año preelectoral
El denunciante también solicitó a la Procuraduría investigar a RTVC, Sistema de Medios Públicos de Colombia, por la próxima emisión del documental Petro: décadas de lucha, un pueblo decide, que se estrenará el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 9:00 p. m. a través del canal Señal Colombia.
“(...) en próximos días, supuestamente según las redes sociales de Señal Colombia, estarán publicando un documental acerca del Presidente de la República y por ley está prohibido expedir este tipo de contenidos que busquen alabar funcionarios públicos”, afirmó Cortés.
El documental, anunciado por Rtvc Noticias, repasa la trayectoria política de Gustavo Petro, desde sus inicios como activista social y su paso por el M-19, hasta las campañas presidenciales de 2018 y 2022. La producción también destaca su llegada a la Casa de Nariño como el primer presidente de izquierda en Colombia.

Además de la solicitud a la Procuraduría, Cortés pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que expida una resolución para regular la participación de la oposición en medios institucionales y garantizar equilibrio informativo.
Según su declaración, la situación adquiere mayor relevancia por tratarse de un año previo a las elecciones. “Estamos en un año preelectoral y si desde ya el Gobierno nacional se está valiendo de redes públicas institucionales para hacer campaña, realmente esto va a ser imposible cuando estemos ya propiamente en campaña electoral”, manifestó el denunciante.
Estrategia digital coordinada desde la Presidencia
El debate sobre el uso de redes institucionales se intensificó tras la incorporación de Germán Trejo como nuevo asesor de comunicaciones de la Presidencia. Trejo, con experiencia en campañas políticas demócratas en Estados Unidos, fue designado por el presidente Petro para unificar y fortalecer la estrategia digital del Gobierno nacional.

En una reunión con los equipos de comunicaciones de más de 150 entidades estatales, Petro expresó su inconformidad con la forma en que se estaba manejando la información oficial y anunció que habría cambios estructurales en la estrategia. Según trascendió, el mandatario dio plazo hasta el 9 de noviembre para implementar estos ajustes o proceder con el reemplazo de los responsables de las áreas de comunicación.
La nueva directriz instruyó a todas las entidades públicas a replicar en sus redes sociales los mensajes presidenciales, sin excepción, incluyendo entidades técnicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Esta orden ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos y ciudadanos que advierten sobre la pérdida de neutralidad de estas plataformas.
El plan contempla la creación de contenidos digitales uniformes, como textos, imágenes y hashtags, que deberán ser difundidos en todas las cuentas institucionales. Además, se estableció que los recursos destinados a pauta digital sean transferidos a una bolsa común administrada desde la Presidencia, con el fin de financiar campañas tanto en medios tradicionales como en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.
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