Familia del exgobernador Guillermo Gaviria, asesinado por las Farc, cuestionó fallo de la JEP: “Es aberrante, no hace justicia”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra siete antiguos integrantes del secretariado de las Farc, decisión que generó inconformidad en la familia del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, asesinado por esa guerrilla en 2003 tras permanecer más de un año en cautiverio.

En un comunicado, los hijos y hermanos del dirigente político expresaron desacuerdo con los alcances de las sanciones restaurativas impuestas a los excomandantes. Según señalaron, las medidas ratifican su preocupación sobre la manera en que los máximos responsables de la organización armada asumirán compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

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Uno de los puntos que más inquietud genera para la familia Gaviria es que los sancionados conservarán sus derechos políticos, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de que las actividades de reparación simbólica terminen convirtiéndose en escenarios de proyección electoral con respaldo de recursos estatales.

El comunicado también hace referencia a lo que consideran omisiones y manipulaciones en la versión de los hechos presentada por los exintegrantes de las Farc. La familia sostiene que durante la etapa de investigación ya habían advertido limitaciones en la información entregada, bajo el argumento de que no recordaban más detalles sobre delitos cometidos, lo que en su criterio pone en duda la eficacia de órdenes judiciales relacionadas con la localización de desaparecidos o la identificación de zonas minadas.

De igual manera, expresaron preocupación frente a la persistencia de la violencia en varias regiones del país, señalando que ese contexto dificulta la materialización de garantías de reparación y de no repetición.

“Todo este proceso se justificó para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ya nos referimos a las dos primeras. Las expectativas de reparación y no repetición, sobre todo para las comunidades que más sufrieron de sus atrocidades, son casi que inexistentes: de los territorios nunca se fue la violencia y ahora son de nuevo cada vez más frecuentes las denuncias y noticias de ataques, asesinatos, secuestros, mujeres víctimas de violencia sexual y jóvenes, niños y niñas sometidos a reclutamiento forzado”, señalan.

Finalmente, la familia del exgobernador comparó las sanciones dictadas por la JEP con las penas que impone la justicia ordinaria en Colombia. Aseguraron que existe un contraste desfavorable para las víctimas, al considerar que personas condenadas por delitos de menor gravedad cumplen castigos más severos que los establecidos para los antiguos comandantes de las Farc.

“Es decir, que cada acto de ‘reparación simbólica’ podrá convertirse en acto de campaña política financiado por el Estado”, se lee en el documento.

Críticas de víctimas de las Farc

La imposición de sanciones restaurativas a siete excomandantes del antiguo secretariado de las Farc por sus crímenes relacionados con la política de secuestros ha generado un profundo malestar entre varias de las víctimas. La decisión, emitida el martes 16 de septiembre de 2025 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue calificada como una “traición”, “vergüenza” y “burla” por afectados y representantes, quienes cuestionaron la falta de reconocimiento efectivo de la verdad y la justicia en el proceso.

Una de las principales voces de inconformidad la expresó Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol) y familiar de una de las víctimas. Gaviria relató en entrevista con W Radio que su familia participó de las audiencias y envió misivas al tribunal señalando su completa decepción:

“No se estaban oyendo a las víctimas, las Farc no estaban aportando la verdad que tenían, el tribunal se estaba limitando a recopilar la información”, afirmó. En sus redes sociales, Gaviria también tildó de “vergüenza” la decisión de la JEP y cuestionó la “ratificación de derechos políticos a los criminales de las Farc después de leer parte de su prontuario”.

La investigación, que se llevó adelante en el macrocaso 01 de la JEP, abarcó los secuestros efectuados entre 1993 y 2016 y documentó 21.396 víctimas. De ellas, apenas 4.325 lograron ser oficialmente acreditadas en el proceso, una cifra que también alimentó críticas.

El general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado más de doce años, manifestó su inconformidad a la agencia EFE: “Los beneficios se los dieron todos a ellos (a las Farc). Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia”. Mendieta sostuvo que el desequilibrio a favor de los antiguos guerrilleros se arrastra desde las negociaciones de paz concluidas en noviembre de 2016 y lamentó que “durante las audiencias las víctimas pidieron, sin éxito, información sobre la ubicación de personas desaparecidas, un problema que todavía persiste”.

Tanto Mendieta como otras víctimas denunciaron que, mientras sus familias sufren exclusión y estigmatización, los sancionados han fundado un partido político y obtenido escaños en el Congreso y otras instituciones estatales.

A estas voces se sumó la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien permaneció más de seis años en cautiverio. Betancourt declaró a W Radio que lo ocurrido representa una burla y traición a las víctimas: “Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos para que no hubiera impunidad para nosotros”. Según Betancourt, la revisión de las penas aplicadas resulta “indignante”, y criticó que ni la justicia ni los exguerrilleros hayan cumplido sus promesas de verdad, no repetición y reparación.

Por su parte, Clara Rojas, compañera de cautiverio de Betancourt, manifestó vía X que “queda la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”. Más tarde, en declaraciones recogidas por medios nacionales, respetó la decisión de la JEP, aunque criticó la baja participación de víctimas en el proceso: “Es difícil de entender que de más de 21.000 víctimas solo 4.200 hayan participado en las audiencias”, recalcó.

La sentencia recayó sobre Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Estos exmandos fueron declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos secuestro, homicidio, desaparición forzada, tortura y violencia sexual.