Estos son los proyectos de reparación asignados a militares sancionados por la JEP por ‘falsos positivos’: “Beneficioso para el país”

Un total de 12 integrantes del Batallón La Popa de Valledupar fueron hallados responsables del asesinato de 135 civiles en Cesar y La Guajira. Las víctimas participaron en el diseño de las sanciones

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Los sancionados por la JEP
Los sancionados por la JEP son cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales en retiro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Luego de siete años de investigación, de recolección de testimonios, escucha de confesiones y acumulación de pruebas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia relacionada con el caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe. Estableció sanciones propias contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, de Valledupar.

Cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales en retiro fueron hallados responsables del asesinato de 135 civiles en Cesar y La Guajira, a los que presentaron falsamente como integrantes o colaboradores de la guerrilla o de grupos delincuenciales que fueron dados de baja en confrontaciones. Estas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, tuvieron lugar en entre enero de 2002 y julio de 2005.

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La JEP estableció determinó la
La JEP estableció determinó la sanción propia máxima de ocho años para todos los comparecientes. En ese tiempo, deberán cumplir con actividades de reparación a las víctimas - crédito JEP

Los exintegrantes del batallón sancionados son:

  1. Guillermo Gutiérrez Rivaros
  2. Elkin Rojas
  3. Efraín Andrade Perea
  4. José de Jesús Rueda Quintero
  5. Juan Carlos Soto Sepúlveda
  6. Alex José Mercado Sierra
  7. Carlos Lora Cabrales
  8. Elkin Burgos Suárez
  9. Manuel Padilla Espitia
  10. Eduart Álvarez Mejía
  11. Yeris Gómez Coronel
  12. Heber Gómez Naranjo

Con esta sentencia, la JEP no solo cumple con su mandato judicial, sino que también fortalece la legitimidad democrática y reafirma que la paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición”, precisó la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad que lideró la etapa de juicio dialógico del subcaso, citada por la JEP.

Los proyectos restaurativos que llevarán a cabo los sancionados

Los comparecientes fueron cobijados con la sanción propia máxima de ocho años, tiempo que fue rebajado para aquellos que ya cumplieron parte del tiempo de privación de la libertad en la justicia ordinaria por estos mismos hechos. Aunado a ello, tendrán que desarrollar obras, trabajos o actividades restaurativas, las cuales fueron elaboradas junto con las víctimas de los comparecientes, entre ellos, algunos miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo y de los pueblos afrocolombianos de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

Entre los proyectos de reparación
Entre los proyectos de reparación que deberán cumplir los comparecientes está la construcción de un mausoleo - crédito @UAcuerdoPaz/X

En total, son seis proyectos los seleccionados para que los exintegrantes del Batallón La Pola cumplan con sus sanciones propias:

  1. El primer proyecto, llamado Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe, prevé la construcción de un mausoleo de la memoria compuesto por 700 osarios con sus respectivas lápidas en el Cementerio del Ecce Homo, ubicado en Valledupar, Cesar. Los comparecientes se encargarán de labores de apoyo en construcción, adecuación y pintura, así como en la preparación de áreas para murales, la participación en tareas de socialización y producción de materiales pedagógicos junto a las víctimas.
  2. La segunda iniciativa, nombrada Centro de Armonización para el Buen Vivir del Pueblo Kankuamo, involucra la preparación y nivelación de terrenos, apoyo en cimentaciones e instalaciones de agua, energía y conectividad, dotación y construcción y mantenimiento de la vía de acceso en placa-huella. Los comparecientes también respaldarán la instalación de sistemas de riego, adecuación de áreas productivas y acompañarán actividades simbólicas restaurativas con esta comunidad indígena.
  3. El tercer proyecto es el Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa del Pueblo Wiwa. En este, el trabajo de los sancionados incluirá la preparación de terrenos, apoyo en el levantamiento de muros, instalaciones y acabados, así como tareas de limpieza. Además, contribuirán en el ensamblaje de mobiliario, siembra de árboles y construcción de senderos y señalización.
  4. El cuarto proyecto seleccionado es el Fortalecimiento productivo multipropósito, urbano y rural ‘Sembradores de amor y paz’, donde se desarrollarán actividades de apoyo logístico y técnico en obras de infraestructura, adecuación de predios y participación en jornadas de trabajo y en eventos de memoria.
  5. La quinta propuesta, Casas Multipropósito ‘Sanando memorias, reconstruyendo vidas’, se centra en la ejecución de labores de carpintería, albañilería y mantenimiento de estructuras. Los sancionados participarán también en actividades de apoyo logístico a talleres, actos de reparación y reconocimiento, además de acciones orientadas a la memoria colectiva de las víctimas.
  6. El programa se complementa con la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero, que requerirá la participación de los comparecientes en estudios, diseños y tareas de construcción, incluso desde la prefabricación de elementos destinados al sitio. Está prevista también la dotación tecnológica e instalación de mobiliario, junto a un acompañamiento en procesos de socialización y actividades simbólicas.
Las víctimas de los falsos
Las víctimas de los falsos positivos intervinieron en el diseño de los proyectos de restauración - crédito Juan Camilo Velandia/JEP

“Las víctimas son el centro de este proceso. Sus aportes y expectativas se ven reflejados en las sanciones. Ninguna medida puede devolver plenamente lo perdido ni responder a todas las demandas de verdad, pero esta sentencia abre caminos de dignificación y restauración. Es más beneficioso para el país que los responsables no sean confinados en prisiones, donde la verdad y las posibilidades de reparación quedarían encerradas, sino que estén obligados a responder a las comunidades con acciones restauradoras”, dijo la magistrada Ochoa Arias.

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