El debate sobre la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso cobró fuerza tras la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de retirar del servicio activo al mayor general Hernando Garzón Rey por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El Consejo de Generales del Ejército en la Reserva instó públicamente a que se garantice el cumplimiento de las garantías procesales en este caso, subrayando la importancia de que ningún ciudadano sea considerado culpable sin una sentencia judicial definitiva.
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Cabe recordar que la medida adoptada por el jefe de Estado se fundamentó en lo que describió como “fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”, según anunció Petro. Esta decisión generó reacciones inmediatas tanto en el entorno militar como en la opinión pública, colocando en el centro del debate la legitimidad de las pruebas y la transparencia de los procedimientos internos.
En respuesta a su destitución, Hernando Garzón Rey manifestó que la información presentada al presidente Petro habría sido alterada, lo que, en su opinión, condujo a una decisión errónea. El general retirado expresó: “Yo veo una intención de alguien dentro de la institución de sacarme de la línea de mando, y esa persona, pues, manipula a las otras personas, y nosotros los oficiales somos muy dados a creerle al subalterno, a la persona que hace la investigación porque manejamos muchos procesos y se supone que decir la verdad y hacer el trabajo con transparencia, con honestidad, es nuestro principio y esa es nuestra obligación. Pero aquí alguien manipuló esa información, prestándose al juego de no sé con qué intención para sacarme la línea de mando de la institución”.
El Consejo de Generales Retirados, a través de un comunicado, enfatizó la relevancia de la presunción de inocencia, recordando que este principio está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. En su declaración, la entidad afirmó: “La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos, constituye un principio esencial de todo Estado de derecho. Ningún ciudadano puede ser considerado culpable sin un proceso judicial completo y una decisión en firme”.
Además, manifestó su respaldo a las instituciones encargadas de investigar el caso, señalando: “Expresamos nuestra confianza en la Fiscalía General de la Nación y en las instituciones del Estado encargadas de adelantar las investigaciones contra los señores mayor general Hernando Garzón Rey y brigadier general Federico Mejía Torres”.
Para la efectividad de la investigación, expresó la necesidad que se tenga en cuenta la trayectoria y servicio a la patria de Garzón Rey, que tiene una carrera de más de 30 años. “El llegar a los más altos grados militares no es un privilegio casual, sino el resultado de más de tres décadas de servicio disciplinado, sacrificio y entrega a la Nación. En el caso del MG. Hernando Garzón Rey, se resalta su carrera de más de 32 años de servicio ejemplar, en la que ascendió bajo rigurosos criterios profesionales y éticos”.
Y agregó: “En el caso del BG. Federico Mejía Torres, además de su conducción de la Operación Perseo en el cañón del Micay (Cauca), se reconoce una trayectoria operacional y estratégica en diversos escenarios del país, donde lideró unidades comprometidas en la lucha contra el narcotráfico, la protección de la población civil y la consolidación del control territorial. Su carrera se ha distinguido por resultados operacionales efectivos, procesos de fortalecimiento institucional y un permanente compromiso con los principios del Derecho Internacional Humanitario”.
El comunicado puntualizó que no se puede dejar de lado el derecho legítimo a la defensa que tienen todos los colombianos que se enfrentan a un proceso legal con la justicia colombiana.
“Ambos oficiales, como cualquier ciudadano, tienen el derecho a ejercer su defensa, aportar pruebas y salvaguardar su buen nombre mientras se desarrollan los procesos judiciales. El CGREN enfatiza que este comunicado no constituye presión alguna sobre las autoridades competentes, sino un llamado al respeto por los principios de justicia y debido proceso”.
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