Colombia volvió a ocupar el primer lugar mundial como el país más peligroso para quienes defienden el medio ambiente. Durante 2024, 48 líderes sociales, indígenas y campesinos fueron asesinados o desaparecidos en el país, lo que equivale a casi un tercio de las víctimas registradas a nivel global. A
Así lo revela el más reciente informe de Global Witness, que documentó 146 crímenes contra defensores de la tierra en todo el planeta y advirtió que la reducción frente a años anteriores no significa un verdadero retroceso de la violencia.
El estudio señala que, por tercer año consecutivo, Colombia encabeza la lista de naciones más riesgosas para quienes protegen sus territorios. Aunque la cifra disminuyó respecto a los 79 casos reportados en 2023, persisten los riesgos en zonas donde confluyen la minería ilegal, el narcotráfico y el control territorial de grupos armados.
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Global Witness alertó que las medidas de protección estatales resultan insuficientes y que los defensores siguen enfrentando amenazas constantes.
Comunidades y regiones más afectadas
Los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo se consolidaron como epicentros de los ataques, territorios históricamente golpeados por el conflicto armado y por economías ilícitas. Allí se concentran los homicidios de defensores indígenas, campesinos y líderes comunitarios que se oponen al avance de proyectos extractivos o a la presencia de actores ilegales.
De las 48 víctimas colombianas, 20 eran pequeños agricultores y 19 pertenecían a comunidades indígenas. Trece de estos últimos hacían parte del pueblo Nasa, en Cauca, incluyendo al menos seis integrantes de la guardia indígena, una organización comunitaria que vela por la protección del territorio. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó preocupación por el asesinato de miembros de estas comunidades, especialmente en Cauca, donde distintos grupos armados buscan controlar las rutas del narcotráfico.
Global Witness explicó que muchas comunidades optan por el silencio frente a las agresiones, por temor a represalias, lo que incrementa la vulnerabilidad de los movimientos sociales y ambientales. Los desplazamientos forzados, el hostigamiento judicial y la persecución son parte del panorama que viven a diario campesinos e indígenas.
Minería ilegal, narcotráfico y ausencia estatal
El informe identificó a la minería y a otras industrias extractivas como los principales sectores vinculados con los ataques, con 29 casos documentados a nivel mundial. En Colombia, estos hechos se concentran en áreas de alta biodiversidad donde confluyen actividades ilícitas y un débil control institucional.
La salida de las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 dejó vacíos de poder en varias regiones. Estos espacios fueron ocupados por grupos armados que financian sus operaciones con economías ilegales, principalmente la minería y el narcotráfico. “Actividades que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal afectan regiones ricas en biodiversidad como Cauca, Nariño y Putumayo”, señala el documento.
Este escenario ha convertido a Colombia en un territorio de alto riesgo para quienes lideran procesos de defensa ambiental, pues deben enfrentarse no solo a amenazas directas de actores armados, sino también a la presión de empresas extractivas que disputan el acceso a los recursos naturales.
Protección insuficiente para los defensores
El capítulo sobre Colombia incluyó el testimonio de una lideresa campesina del Putumayo, quien lleva más de once años bajo medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. “Durante años he sido amenazada, intimidada y objeto de seguimientos constantes”, relató, advirtiendo que, aunque esas medidas han sido clave para resguardar su vida, también han limitado su trabajo comunitario.
La activista aseguró que en varias ocasiones la entidad estatal consideró suspenderle la protección por la supuesta ausencia de incidentes recientes. “A menudo no denuncio cada uno de los incidentes de seguridad porque me supone ponerme en contacto con la Fiscalía y hacer muchas declaraciones que rara vez sirven para algo”, explicó.
El informe destacó que al menos cinco de los líderes asesinados en 2024 habían solicitado o recibido esquemas de seguridad. Pese a ello, Global Witness concluyó que el sistema de protección estatal continúa siendo ineficaz, burocrático y desconectado de las realidades de los defensores en sus territorios.
El reporte indicó que el 82% de los crímenes documentados en 2024 ocurrieron en América Latina, lo que confirma a la región como la más peligrosa para la defensa del medio ambiente. Después de Colombia, Guatemala registró 20 casos, México 19 y Brasil 12. Fuera del continente, Filipinas reportó ocho asesinatos o desapariciones de defensores.
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