Demandaron a Rtvc y al Ministerio TIC por presunta violación a la libertad de expresión: documental de Petro en el canal público fue el detonante

La presentación de una acción popular por parte de la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) contra Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) habría expuesto la situación que se estaría registrando en los medios públicos del país, debido a las violaciones a los derechos fundamentales que se estarían registrando en el sistema estatal.

La demanda, que avanza en los despachos de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denuncia una serie de prácticas que, según la organización, vulneran derechos colectivos fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo informativo y la moralidad administrativa, y que afectan la prestación eficiente del servicio público de radio y televisión ofrecido por el Estado.

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La acción judicial, sustentada en el artículo 88 de la Constitución y en la Ley 472 de 1998, señala que Rtvc, bajo la gerencia de Hollman Morris y la supervisión del ministerio, ha incurrido en actuaciones y omisiones que comprometen la independencia editorial y la diversidad de contenidos en el sistema de medios públicos. Así lo reafirmaron en un recuento del caso, que hicieron a través de las redes sociales.

En su argumentación, la fundación indicó que estas prácticas no son hechos aislados, sino que configuran un patrón institucional que impacta, de manera negativa, la calidad democrática del debate público; especialmente en un país donde Rtvc representa para la gran mayoría de ciudadanos la principal, o incluso la única, fuente de información, debido a las dificultades geográficas que hacen difícil que llegue otra señal.

Los motivos por los que demandaron a Rtvc y al Ministerio TIC

Entre los hechos denunciados, la demanda destaca la salida reiterada de directivos y periodistas de Rtvc, motivada por presiones editoriales, censura y un ambiente laboral adverso. Entre 2023 y 2025, se documentaron renuncias de figuras clave como:

• Dora Brausin, subgerente de radio de Rtvc
• Alejandra Duque, coordinadora comercial de Rtvc
• Nórida Rodríguez, gerente de Rtvc
• Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia
• Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional
• Juan Jaramillo, líder de producción creativa de Radiónica
• Iván García, director de Radiónica
• Ángela María Arboleda, directora de Radio Nacional de Colombia
• María Alejandra Beltrán, voz oficial de Radiónica
• Angélica Galindo, directora de contenidos de Señal Colombia

Las razones expuestas por los exfuncionarios, según reseñó la Fundación para el Estado de Derecho (FeDe), incluyen desacuerdos con la orientación editorial, eliminación de contenidos culturales y educativos, y la imposición de directrices alineadas con el Gobierno nacional. En palabras de Galindo, “me voy porque quedarme me estaba costando demasiado. Costando Salud. Costando energía. Costando fuego”.

La demanda también documentó cambios sustanciales en la programación de Rtvc entre 2024 y 2025. En el recurso judicial se señaló una reducción progresiva de espacios educativos y culturales, el incremento de programas informativos y de opinión con enfoque favorable al Ejecutivo, y la inclusión de formatos y contenidos que excluyen voces críticas.

Ejemplo de ello es la eliminación de franjas infantiles en Señal Colombia, la ampliación de programas de opinión como El Calentao y la incorporación de espacios como La Base, dirigido por Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno español y activista político de izquierda, que ha abordado temas políticos desde una perspectiva afín a la administración de Petro, a la que le restan 324 días.

Del mismo modo, se recordó la transmisión de un programa conmemorativo sobre Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, que generó controversia por el tratamiento de memorias sensibles del conflicto armado. El alineamiento editorial con el Gobierno nacional se evidencia, según la acción popular, en la cobertura de iniciativas legislativas y políticas, como la consulta popular y la asamblea constituyente.

En efecto, la fundación denunció que se privilegió la difusión de posturas oficiales sin ofrecer espacio a visiones críticas. Y reportaron un aumento del 690% en el tiempo dedicado a intervenciones del presidente de la República en la programación informativa y la ausencia de titulares desfavorables al Ejecutivo. A lo que se sumarían lo que serían instrucciones internas para “bajarle el tono” a noticias sensibles de orden público.

De hecho, el anuncio de la transmisión de un documental sobre la vida y trayectoria política del hoy jefe de Estado, denominado Petro, parece haber colmado la paciencia de los accionantes y reforzado su iniciativa. “La Ley 1474 de 2011 y la Ley 2345 de 2023 prohíben expresamente que el ‘uso de medios públicos para fines de autopromoción de servidores públicos o exaltación de su imagen, voz o símbolos”.

La advertencia de organizaciones nacionales e internacionales frente a lo que sería la censura en el sistema de medios públicos

En el documento, se recopiló cómo se han usado las de redes sociales y espacios oficiales por directivos y presentadores para promover la agenda gubernamental y descalificar a la oposición. Y como organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre el deterioro del pluralismo y la independencia en Rtvc, como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que alertó sobre posible censura y autocensura.

A estos pronunciamientos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó en marzo de 2025 un informe que señaló amenazas a la pluralidad informativa y riesgos para la independencia editorial en los medios públicos colombianos, tal como en su momento lo informó Infobae Colombia, con la exposición de lo que sería la situación en Rtvc.

La fundación también destacó cómo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por su parte, ha reconocido la apertura de averiguaciones preliminares para determinar posibles vulneraciones al pluralismo informativo, aunque hasta la fecha de la demanda, según agregaron, no se conocían de avances sustantivos ni la adopción de medidas correctivas. Y remarcó cómo se ha dado una omisión de los organismos de control.

Así pues, también se fundamentó en la manera en la que se ha desestimado un protocolo de vigilancia y corrección de las irregularidades denunciadas. Pese a las reiteradas alertas, el Ministerio se habría limitado -según el documento- a verificar la ejecución de recursos asignados a Rtvc, sin ejercer funciones efectivas sobre la programación y el cumplimiento de los principios de pluralismo e independencia.

La CRC, por su parte, no ha emitido decisiones administrativas ni ha iniciado procedimientos sancionatorios formales contra Rtvc, lo que, según la demanda, ha permitido la consolidación de prácticas contrarias a los fines constitucionales del sistema de medios públicos.

La Fundación para el Estado de derecho indicó que las prácticas documentadas vulneran derechos colectivos protegidos por la Constitución y la ley. Y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y estándares internacionales que exigen a los medios estatales operar con independencia, pluralidad y responsabilidad, frente a la concentración de la agenda editorial en contenidos afines al Gobierno.

¿Qué se busca con la demanda a Rtvc y al Ministerio de las TIC?

Entre las medidas correctivas solicitadas, la asociación accionante pidió a los togados que declaren la vulneración de los derechos colectivos y ordene acciones integrales para restablecer la integridad institucional del sistema de medios públicos. Y, en consecuencia, se pidió la contratación de una consultoría independiente para evaluar el cumplimiento de los principios de pluralismo, imparcialidad e independencia.

Al igual que la formulación de un plan de fortalecimiento de la independencia editorial, la inclusión efectiva de voces críticas y diversas en la programación, y la adopción de protocolos claros para distinguir entre contenidos informativos y de opinión. Por último, se exigió la creación de mecanismos internos de monitoreo editorial y la publicación de reportes técnicos sobre decisiones de programación.