Aumento del salario mínimo de 2026 hará que el pago de la pensión suba de esta manera para más de un millón de colombianos

Sin dudas, el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 reavivó el debate sobre el impacto que esta decisión tendría en la mesada de los pensionados. Con propuestas de incremento que van del 6% al 11%, cerca de 1,2 millones de jubilados que reciben la pensión mínima podrían experimentar cambios directos en sus ingresos, mientras que los que perciben pensiones superiores solo accederían a ajustes ligados a la inflación.

El Gobierno de Gustavo Petro y los empresarios mantienen posturas opuestas sobre el porcentaje adecuado, y la posibilidad de que el ajuste se decrete de manera unilateral añade tensión a la discusión.

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Como es bien conocido, el mecanismo de ajuste del salario mínimo en Colombia afecta a los pensionados que reciben el monto mínimo legal. Para este grupo, cualquier incremento aprobado para el salario mínimo se traduce en un aumento equivalente en su pensión. En contraste, los pensionados con mesadas superiores al mínimo solo reciben un ajuste basado en la inflación anual certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La diferencia busca proteger a los que tienen menor poder adquisitivo.

Las cifras de los posibles incrementos muestran escenarios diversos para los pensionados:

• Si el salario mínimo sube un 6%, la mesada mínima alcanzaría los $1.508.910.
• Un aumento del 7% la llevaría a $1.523.145.
• Un ajuste del 10% elevaría la cifra a $1.565.850.

La propuesta del Gobierno

La propuesta oficial del Gobierno, que se conoció por medio de Portafolio, apunta a un incremento del 11%, aunque el monto exacto resultante para la mesada aún no se detalló de manera pública. Las proyecciones afectan de forma directa a los cerca de 1,2 millones de pensionados que dependen de la variación del salario mínimo para el cálculo de sus ingresos mensuales.

El Dane informó que la inflación anual a agosto se ubicó en 5,1%, con proyecciones de cierre de año en torno al 5%. Ante esto, los empresarios manifestaron que el ajuste del salario mínimo no debería superar el 6%, sumando un punto porcentual adicional por productividad laboral. Dicha postura busca mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, advirtió que “un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo, sumado a una reforma laboral nefasta e inoportuna, tendría efectos devastadores sobre los precios y la inflación. También en el mediano plazo, sobre el empleo".

Política salarial ambiciosa

Por su parte, el Gobierno de Gustavo Petro defendió la necesidad de un aumento notable al argumentar que los incrementos recientes superaron la inflación y que la coyuntura actual exige una política salarial más ambiciosa. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha sostenido: “una política salarial responsable es la mejor política pública de reducción de la pobreza y la desigualdad”.

Sanguino reiteró que la discusión se llevará a cabo en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Sociales, donde participan representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos, aunque el presidente Petro sugirió que podría decretar el ajuste de manera unilateral debido al momento político y al malestar empresarial frente a las reformas laborales.

El proceso de concertación, que tradicionalmente se desarrolla entre noviembre y diciembre, se anticipó este año por la relevancia del tema y la presión de los distintos actores.

Qué se considera para subir el salario mínimo

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que tuvo primera sesión el martes 26 de agosto con la participación de representantes del Gobierno, empresas y trabajadores, se consideran factores como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la situación del mercado laboral.

Sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno decrete el aumento sin acuerdo previo generó inquietud entre los empresarios, que insisten en que el porcentaje no debe exceder el 6%.