Las denuncias sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales por parte de la Fundación de Educación Superior San José siguen dando de qué hablar en el Congreso de la República y en todo el país.
El caso involucra a figuras como Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventud, y ahora de Laura Julieth Martínez Morales, una influenciadora petrista conocida como “Julieta”, que ha motivado una investigación liderada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
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La controversia se centra en la posible entrega acelerada de diplomas a funcionarios públicos y contratistas estatales, lo que ha puesto en duda la transparencia de los procesos académicos y la relación entre instituciones educativas y el Estado.
Las acusaciones surgieron tras el ascenso de Juliana Guerrero, que recientemente añadió a su hoja de vida un título profesional otorgado por la Fundación San José. Su llegada al cargo de viceministra de Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad fue celebrada en su natal El Copey, Cesar, donde recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro y de autoridades locales.
Sin embargo, la representante Pedraza denunció que el título de Guerrero habría sido expedido de manera exprés, lo que motivó la presentación de acciones legales por presunta falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.
Según una reciente investigación adelantada por la revista Cambio, la Fundación de Educación Superior San José forma parte de un conglomerado educativo dirigido por Francisco Alfonso Fernando Pareja González, exrepresentante a la Cámara y figura cercana a Armando Benedetti, antiguo jefe inmediato de Guerrero.
Este ecosistema incluye también al Instituto Triángulo, el Colegio Triángulo y el Springfield Language Center, todos ubicados en Chapinero, Bogotá. Pareja González figura como representante legal de varias de estas entidades y comparte la administración con un grupo reducido de socios y familiares, lo que, según la investigación de Cambio, configura una estructura empresarial cerrada y de control concentrado.
El crecimiento financiero de la Fundación San José ha sido considerable. En 2021, la institución triplicó sus ingresos respecto al año anterior, alcanzando 29.533 millones de pesos, impulsada principalmente por el aumento de matrículas y la oferta de programas académicos acelerados y homologaciones.
El diario nacional revisó datos de la plataforma estatal Secop y de la Secretaría de Transparencia, identificando que entre 2018 y 2021 la Fundación suscribió contratos estatales por más de 1.392 millones de pesos. A partir de 2022, la entidad firmó dos megaconvenios con la Gobernación del Magdalena por un total de 26.285 millones de pesos, además de contratos adicionales con otras entidades públicas en Boyacá, Risaralda, Soacha y Cundinamarca, que superan los 3.899 millones de pesos.
La investigación de Jennifer Pedraza se intensificó tras recibir información sobre la facilidad para obtener títulos en la Fundación San José. En una llamada telefónica, una asesora de admisiones le ofreció la posibilidad de homologar una tecnología y obtener un título profesional en contaduría en apenas diez meses, siempre que pagara un seminario y presentara los exámenes de Estado requeridos.
Sin embargo, al revisar la base de datos del Icfes, Pedraza descubrió que a Juliana Guerrero se le expidió el diploma sin haber presentado la prueba Saber Pro, requisito legal para graduarse. Posteriormente, apareció un registro de examen con fecha posterior a la expedición del título, lo que, según la congresista, contraviene la normativa vigente.
La representante también recibió denuncias de otros contratistas estatales que relataron experiencias similares de obtención rápida de diplomas. Al verificar estos casos, Pedraza identificó el mismo patrón: títulos expedidos sin la presentación previa del Saber Pro.
Con estos hallazgos, formuló la hipótesis de que podría existir un intercambio de favores entre el Gobierno y ciertas instituciones educativas, donde la entrega de diplomas acelerados estaría vinculada a la adjudicación de contratos oficiales.
Ante las revelaciones, Francisco Pareja González reconoció ante la revista Cambio que la Fundación San José graduó al menos a una persona sin que hubiera presentado el Saber Pro, atribuyéndolo a un “descuido administrativo”.
La institución argumentó que el acto de grado y la entrega del diploma son procedimientos distintos y que la ley exige la presentación, más no la aprobación, del examen.
Para sustentar su posición, citó normativas y fallos del Consejo de Estado, aunque Pedraza sostiene que ninguna universidad puede otorgar un título sin que el estudiante haya cumplido con todos los requisitos legales, incluido el examen de Estado.
El caso de Laura Julieth Martínez Morales, conocida como “Julieta”, refuerza las dudas sobre la regularidad de los procesos. Martínez, contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), obtuvo un título de Ingeniería Industrial de la Fundación San José fechado el 5 de julio de 2024, dos días antes de presentar la prueba Saber Pro, cuyos resultados se emitieron el 12 de octubre.
La Ungrd informó a Cambio que Martínez fue contratada como auxiliar administrativa con un título técnico laboral, por lo que no verificó la existencia de un título profesional ni la presentación del Saber Pro, ya que este examen no aplica para el nivel técnico exigido.
En respuesta a las denuncias, el abogado de Juliana Guerrero, Rubén Bonilla, comunicó al diario nacional que han presentado acciones legales contra la representante Pedraza por calumnia y otros delitos, pero evitó responder preguntas sobre las fechas de grado, exámenes y homologaciones de Guerrero. Por su parte, Martínez declinó dar declaraciones a medios tradicionales y remitió cualquier consulta a la universidad.
Las entidades públicas involucradas han defendido sus procedimientos de contratación, mientras la controversia sobre la expedición de títulos exprés sigue abierta. La representante Pedraza insiste en la necesidad de revisar los documentos académicos y las actas de grado para esclarecer los hechos, mientras la Fundación San José mantiene su postura sobre la legalidad de sus procesos.
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