
El debate en torno al proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso de la República se intensificó debido a la inclusión de disposiciones que otorgan amplias facultades al presidente para tomar decisiones de alto impacto sin la intervención de otros órganos del poder público. Este aspecto generó inquietud entre varios legisladores, quienes advierten sobre la necesidad de un análisis minucioso de los 97 artículos que componen la propuesta, cuyo monto asciende a $556,9 billones.
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez señaló que, pese a la complejidad del articulado, la iniciativa debería ser más sencilla para facilitar su comprensión, estudio y eventual aprobación. Según sus declaraciones, al menos 37 artículos requieren un examen detallado debido a su potencial impacto en la estructura financiera y legal del país.
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Entre los puntos que suscitaron mayor preocupación se encuentran las modificaciones a las fuentes de financiamiento y las transferencias temporales de liquidez. Pérez planteó interrogantes sobre la finalidad de estas disposiciones, cuestionando si buscan “legalizar las operaciones por fuertes sumas de dinero en francos suizos que están haciendo”, según advirtió el parlamentario. Este tipo de operaciones, de acuerdo con su análisis, podría tener implicaciones significativas en la transparencia y el control de los recursos públicos.
Otro tema que ha sido objeto de debate es el de las vigencias futuras, especialmente en lo que respecta a la seguridad jurídica de las inversiones ya realizadas en infraestructura. Pérez recordó que estas normas cuentan con la aprobación del Congreso, por lo que el seguimiento a los debates presupuestales será fundamental.
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El representante alertó sobre la posibilidad de que algunos sectores no deseen abordar estos temas, lo que podría derivar en que la carta financiera del próximo año se apruebe por decreto, sin un proceso de discusión amplio y transparente.

El articulado también contempla medidas que permitirían al Gobierno nacional reprogramar las vigencias futuras del sector transporte, con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad sin incrementar el gasto total. Esta facultad, de ser aprobada, consolidaría la capacidad del Ejecutivo para ajustar la ejecución presupuestal en función de las necesidades del sector.
En materia de subsidios y transición energética, el proyecto habilita el uso de excedentes de fondos como FAZNI, FAER y PRONE para financiar subsidios y promover energías alternativas. Esta disposición busca garantizar la continuidad de la política de subsidios y avanzar en la transición hacia fuentes energéticas más sostenibles.
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Por último, el articulado incluye la autorización de anticipos en el pago de deuda pública, permitiendo cubrir con cargo a 2025 ciertos compromisos correspondientes a 2026 e incluso obligaciones de enero de 2027. Esta medida pretende dotar de flexibilidad el manejo de la deuda, facilitando el adelanto de pagos y la gestión financiera del Estado.
Las críticas a Petro por el PNG 2026
La posibilidad de que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 sea expedido mediante decreto generó inquietud en la agenda política colombiana, especialmente entre los congresistas responsables de su discusión. El senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático y presidente de la Comisión Cuarta, manifestó su preocupación por lo que considera una estrategia del Gobierno nacional para evitar el debate parlamentario y consolidar lo que denominó una “dictadura fiscal”.
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Cabrales criticó al presidente Gustavo Petro por impulsar maniobras legislativas que, según él, permitirían que el presupuesto sea decretado directamente desde la Casa de Nariño, replicando lo ocurrido con los recursos para 2025.
El senador sostuvo que existen artículos en el proyecto de PGN que resultan “muy peligrosos para el país”, aunque precisó que aún se encuentran en proceso de análisis detallado para identificar cuáles son esos puntos específicos. “El presidente Gustavo Petro quiere decretar el presupuesto general de la nación y no lo podemos permitir, porque hay unos artículos que son muy peligrosos para el país. Después le diremos cuáles son esos artículos, porque estamos en el estudio minucioso del presupuesto, pero ya hemos encontrado unos artículos muy peligrosos y no vamos a permitir que el presidente Petro vaya a la dictadura fiscal y haga lo que quiera con el presupuesto de Colombia“, afirmó el congresista.
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