La Federación Colombiana de Municipios se pronunció este viernes sobre la controversia que rodea al presidente Gustavo Petro y al alcalde de Cali, Alejandro Eder, luego de las afirmaciones del mandatario nacional en las que se declaró como jefe directo del mandatario local.
En un comunicado, la entidad aclaró que, de acuerdo con la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa en sus territorios y no dependen jerárquicamente de ninguna otra figura.
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La Federación destacó que la autonomía territorial establecida en la Carta Magna representó un cambio fundamental en la organización del poder público en Colombia.
En palabras de la entidad, citadas por El Tiempo, “uno de los avances más significativos de la Carta Magna fue precisamente romper la relación de jerarquía que antes existía entre presidente, gobernadores y alcaldes, estableciendo el principio de autonomía territorial. En este sentido, el presidente de la República no es jefe de los gobernadores, ni de los alcaldes”.
El pronunciamiento surgió en medio del debate que generó una declaración hecha por Petro en un evento realizado en Cauca. Allí, al referirse a la cooperación en seguridad en Cali, el jefe de Estado afirmó: “Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, ministro de Defensa’. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército”, según lo publicado por El Tiempo.
La Federación señaló que la autonomía territorial no implica falta de coordinación con el Gobierno central, sino que define un marco de competencias propias para cada nivel administrativo. En este contexto, subrayó que los presidentes no ejercen autoridad directa sobre gobernadores, ni estos sobre alcaldes, ya que cada uno responde únicamente a los ciudadanos que los eligen mediante voto popular.
El debate sobre el alcance de las competencias de alcaldes, gobernadores y del propio presidente ha sido recurrente en la historia reciente del país, especialmente en coyunturas relacionadas con la seguridad y el orden público. La más reciente discusión se da en Cali, ciudad que ha enfrentado en los últimos meses una serie de hechos violentos que llevaron a un refuerzo militar y policial, lo que a su vez ha derivado en roces políticos entre el Ejecutivo y las autoridades locales.
De acuerdo con el comunicado de Fedemunicipios, la cooperación entre los distintos niveles del Estado debe entenderse como un ejercicio de coordinación institucional, pero sin desconocer la independencia de cada figura en el marco de sus competencias constitucionales. La entidad precisó que esta estructura se consolidó con la Constitución de 1991 y que ha sido fundamental para garantizar que los alcaldes puedan ejercer su autoridad sin depender de estructuras jerárquicas previas.
Las afirmaciones del presidente se suman a una serie de intercambios recientes con mandatarios locales. La semana pasada se conoció el plan de los alcaldes de Cali y Medellín de viajar a Estados Unidos con el objetivo de sostener encuentros de alto nivel en torno a la prevención de la desertificación. Esa agenda generó debate sobre la coordinación de las ciudades con instancias internacionales y la relación con el Gobierno Nacional.
El caso de Cali ha sido especialmente visible debido a la situación de orden público. El envío de vehículos y unidades del Ejército, mencionado por Petro en su discurso, buscaba reforzar la seguridad tras episodios de violencia en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca. El agradecimiento público de Eder al ministro de Defensa por estos apoyos fue uno de los puntos que generó el comentario del presidente durante su intervención en Cauca.
Fedemunicipios insistió en que la Constitución reconoce a los alcaldes como jefes de la administración municipal, con competencias y obligaciones que no están subordinadas jerárquicamente a ninguna otra autoridad distinta a la ciudadanía. Este recordatorio busca evitar confusiones sobre la relación entre las distintas instancias del poder público y reafirmar la separación de funciones que caracteriza al Estado colombiano desde hace más de tres décadas.
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