La Policía Metropolitana de Medellín informó la captura de 1.997 personas señaladas de delitos sexuales contra menores durante el 2025, incluido el ciudadano estadounidense Stephen Paul Mueller, acusado de explotación sexual comercial y demandante de servicios sexuales con persona menor de 18 años.
Según la Policía, Mueller fue aprehendido gracias a una operación conjunta entre las autoridades locales con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
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El reporte oficial, atribuido a la Policía Metropolitana de Medellín, resaltó que Mueller viajaba frecuentemente a Medellín. La investigación reveló, además, que utilizó redes sociales para contactar a menores de edad, a quienes ofrecía compensaciones económicas y hospedaje en apartamentos arrendados a cambio de encuentros sexuales.
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Durante el operativo de captura fueron incautados un computador portátil, dos memorias USB y un teléfono móvil como material probatorio.
De acuerdo con la Policía Nacional, las autoridades identificaron que el sospechoso realizó 33 movimientos migratorios de ingreso a Colombia en los últimos dos años. Además, la oficina de HSI en Arizona (Estados Unidos) adelanta una investigación adicional por turismo sexual infantil en el país de origen del detenido.
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El balance de la Policía Nacional indicó que, en lo corrido de 2025, se han registrado 1.997 capturas relacionadas con delitos de explotación sexual infantil. Este resultado se destacó como parte de una estrategia de ofensiva contra el multicrimen y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades informaron, adicionalmente, que en este caso, que el trabajo coordinado con organismos internacionales y el uso de herramientas de investigación tecnológica han sido fundamentales para lograr estos resultados.
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La Policía Metropolitana de Medellín advierte a la ciudadanía sobre el uso de plataformas digitales como canal de contacto por parte de depredadores sexuales, e insiste en la importancia de la denuncia y la prevención.
Airbnb comunicó que amplía a toda Colombia sus controles para combatir el turismo sexual y la explotación en alojamientos
La plataforma Airbnb exige a partir de agosto de 2025 que todos los huéspedes que reserven en Colombia confirmen haber leído y entendido la prohibición estricta del turismo sexual y el trabajo sexual en viviendas de la plataforma, según anunció Airbnb en un comunicado difundido el 1 de agosto.
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Esta política, diseñada primero para reservas en Medellín en 2024, se implementa ahora a escala nacional como parte de una estrategia ampliada frente a la explotación y el comportamiento no deseado en alojamientos turísticos.
De acuerdo con Airbnb, la medida obliga a cada huésped a confirmar al realizar la reserva que comprende que la plataforma sanciona el turismo sexual, apoya las investigaciones criminales y que, en caso de incumplimiento, puede proceder a la eliminación de cuentas.
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Daniela Guzmán, Gerente Global de Alianzas para Confianza y Seguridad, declaró que la intención es dejar claro a los visitantes que “Airbnb prohíbe el turismo sexual: es contrario a las políticas y valores de la plataforma, incluso donde el trabajo sexual es legal”.
Airbnb también informó que ha fortalecido sus acciones para identificar y excluir de la plataforma a los usuarios que infringen los Términos de Servicio o que han sido detectados promoviendo conductas prohibidas en sus alojamientos.
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Como parte de estas iniciativas, la empresa colabora actualmente con la Defensa Civil Colombiana en el desarrollo y difusión de una herramienta educativa sobre seguridad para anfitriones y huéspedes en todo el país.
Junto con la expansión de la “atestación” obligatoria para viajeros, Airbnb ofrecerá capacitación a más funcionarios de la Policía Nacional y autoridades locales sobre detección y prevención de explotación y turismo sexual.
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La plataforma enfatiza que sus operaciones buscan promover experiencias seguras para huéspedes y comunidades, y mantiene protocolos de cooperación para brindar apoyo a investigaciones legales.
La extensión a nivel nacional de estos controles consolida la postura de Airbnb frente a la trata de personas y prácticas ilegales en el sector de alquiler turístico en Colombia.
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