Grúas en Bogotá estarían operando sin cumplir la normativa vigente y cobrando excesivamente a los conductores

El concejal Julián Forero, líder de los motociclistas y conductores de la ciudad, desató una nueva polémica relacionada con el contrato de las grúas y patios en la capital. En un debate de control político que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2025, Forero evidenció irregularidades y actos de corrupción que, según denunció, continúan afectando los derechos de los ciudadanos y perjudicando a quienes usan las vías de la ciudad.

El cabildante aseguró que en la ciudad operan grúas que no cuentan con la homologación requerida por el Ministerio de Transporte, lo que no solo pone en riesgo la seguridad de los conductores en las vías de la capital al transitar junto a estos vehículos, sino que no garantiza que los operativos en los que participan se realicen bajo los protocolos legales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las grúas que, según el cabildante, estarían operando sin la documentación requerida, incluso acuden a una práctica que fue cuestionada. Estos vehículos estarían ocultando o alterando sus placas para evitar ser sancionados por las autoridades, por lo que el líder de los conductores criticó que por la misma práctica se sancione fuertemente a los ciudadanos.

Según Forero, los operarios encargados de estas grúas carecen de las licencias adecuadas y no siguen protocolos de conducta claros para proteger a los ciudadanos, lo que ha generado abusos y atropellos que se ven reflejados en los altos cobros, en muchas ocasiones injustificados, que los bogotanos deben asumir cuando les inmovilizan los automotores.

En este sentido, el líder motociclista manifestó que en los patios se cobran sumas indebidas, incluso en días cívicos, cuando, según la ley vigente, deberían aplicarse exoneraciones. Incluso, que los altos valores que deben pagar los conductores no incluyen pólizas que garanticen la cobertura de posibles daños a sus bienes durante los traslados y su estadía en los patios de la Secretaría de Movilidad.

Esta denuncia constituye un ejemplo claro de las irregularidades que, según Forero, se presentan con la contratación vigente de la Administración distrital y que, explicó, se ha replicado en el pasado en muchos otros proyectos impulsados desde la alcaldía, donde la corrupción y la falta de control son una constante que afecta gravemente a los bogotanos.

“El contrato de grúas demuestra que el sistema está diseñado para enriquecer a unos pocos, mientras se atropella al ciudadano. Esto confirma por qué los conductores hemos decidido salir a movilizarnos: porque el discurso de transparencia no se refleja en los hechos”, indicó.

Adicionalmente, aseguró que los operativos carecen en muchas ocasiones de la presencia de agentes de tránsito, lo que facilita las extorsiones y malos tratos hacia los conductores. Según el líder motociclista, estas malas prácticas no son un caso aislado, sino que forman parte de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos, en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.

Ante esta situación, el concejal insistió en la necesidad de abrir un diálogo con la administración para buscar soluciones y mecanismos que garanticen la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, advirtió que, de no observarse avances en estos términos, las diferentes organizaciones de conductores y motociclistas levantarán su voz de protesta en las calles de Bogotá.

Al cierre del debate que lideró en la corporación a la que pertenece, el líder de los motociclistas cuestionó directamente la supuesta transparencia y legalidad de los procesos adelantados por la Secretaría de Movilidad y la administración en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán.

En la misma línea, instó a las autoridades de la ciudad a atender las denuncias de los conductores y platear soluciones claras a la problemática que día a día los afecta en las calles de la ciudad.

Para el cabildante, su debate dejó en evidencia que, lejos de avanzar hacia una administración transparente, existen prácticas que parecen estar diseñadas para el enriquecimiento particular, mientras los derechos de los ciudadanos son relegados a un segundo plano.