Cuatro policías en servicio y un exintegrante de la institución fueron capturados por su presunta participación en extorsiones a comerciantes del sector de El Hueco, en el centro de Medellín.
De acuerdo con lo informado por parte del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta de X el viernes 12 de septiembre, los detenidos solicitaban entre cinco y cuarenta millones de pesos a cambio de omitir controles sobre mercancía de contrabando y manipular los registros de cámaras de seguridad para eliminar evidencias.
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Las capturas se efectuaron en distintas ciudades y municipios del país: Medellín (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander), Puerto Tejada (Cauca) y Chigorodó (Antioquia), en procedimientos desarrollados por miembros de la misma Policía Nacional, según reportó el jefe de cartera.
El funcionario del Gobierno Petro también detalló que las investigaciones descubrieron el esquema de exigencias económicas a los comerciantes de El Hueco, una de las zonas comerciales con mayor afluencia en el Valle de Aburrá.
Para facilitar el paso de bienes ilícitos, los policías ofrecían omitir procedimientos y eliminar los rastros de la actividad mediante la alteración de los sistemas de videovigilancia.
Este método fue descubierto gracias a un análisis patrimonial realizado durante la investigación, que identificó un incremento injustificado entre los cien y 120 millones de pesos para alguno de los involucrados durante 2022.
Entre los capturados figura una exagente policial que, según el ministro Sánchez, habría estado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) colaborando en actividades relacionadas con el contrabando.
Por este motivo, la Interpol emitió una circular azul para su localización internacional.
Asimismo, el ministro Sánchez precisó que la fuerza pública mantiene una política de “cero tolerancia con la corrupción” y reafirmó el compromiso de depuración interna para proteger la confianza ciudadana y la integridad institucional.
Otro operativo en Medellín dio con uniformados que actuaban de forma irregular
Este caso se suma a otros recientes en Medellín. Por ejemplo, a comienzos de 2025 un excomandante de estación y un subintendente de la policía en el barrio El Poblado fueron capturados por presuntamente integrar una red que extorsionaba a comerciantes, exigiendo pagos para evitar el cierre de negocios por supuestas violaciones legales, informó el diario El Colombiano.
En esa ocasión, el alcalde Federico Gutiérrez señaló la apertura de investigaciones también a los dueños de los establecimientos involucrados.
En otro hecho para diciembre de 2020, 23 policías asignados principalmente a la estación de Belén fueron capturados por supuesta colaboración con redes criminales de sectores como Barrio Antioquia.
El informe señaló que recibían pagos mensuales que iban de tres a treinta millones de pesos por omitir funciones de vigilancia y suministrar información confidencial a organizaciones ilegales, facilitando actividades delictivas.
Un día atrás se conoció como operaba La Veracruz en el centro de Medellín: la red criminal cobraba extorsiones
Un juez penal de Medellín ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para 21 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial La Veracruz, según informó la Fiscalía General de la Nación.
Entre los detenidos se encuentran el presunto cabecilla, Fred Alexander Molina Álvarez, y seis coordinadores de zona, identificados como:
- Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado.
- Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado.
- Jader Arley Toro Posada, alias Monito.
- Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa.
- José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro.
- Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.
De acuerdo con lo informado en el comunicado de la Fiscalía, los integrantes de esta organización se dedicaban al cobro sistemático de extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, población Lgbt+, vendedores informales, transportadores y propietarios de hoteles en la Comuna 10 de Medellín.
Las sumas exigidas a las víctimas iban desde 10.000 hasta 100.000 pesos semanales para permitir la realización de actividades económicas en la zona. Los sectores bajo su control incluían La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.
Las autoridades presentaron videos como prueba, en los que se observa a miembros del grupo recibiendo pagos en la vía pública.
Además, el proceso judicial señala que los implicados también recurrían a la intimidación y la violencia, golpeando a sus víctimas y robando pertenencias como castigo a quienes se negaban a pagar.
En uno de los casos documentados, un comerciante pagó cerca de 25 millones de pesos y fue amenazado por catorce hombres que irrumpieron en su establecimiento.
Junto con los cargos de concierto para delinquir y extorsión en diversas modalidades, la Fiscalía señala al grupo de involucrarse en venta de estupefacientes al menudeo y hurtos agravados. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos.
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