
En las Comisiones Conjuntas del Senado se debate el Presupuesto General de la Nación de 2026, cuyo momento propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro es de $556,9 billones, de los cuales $16 billones serían financiados por la reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la República y que en principio tenía como objetivo recaudar $26 billones, pero que ahora se optó por una reducción de $10 billones.
Durante la sesión del 11 de septiembre hubo varias críticas a lo que se busca con el proyecto. Entre ellas está la del senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta de la corporación, en la que insistió en que se debe hacer un debate responsable y técnico.
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“El Gobierno pretende imponer el presupuesto por decreto, pero desde la bancada del Centro Democrático discutimos con argumentos. El monto presentado compromete la sostenibilidad fiscal y depende de una reforma tributaria nefasta. No voy a permitir que el presidente Petro haga lo que quiera con los recursos de los colombianos”, afirmó Cabrales.
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El congresista alertó que el proyecto del Gobierno incluye artículos que representan graves riesgos fiscales y políticos para la Nación, entre los más preocupantes:
- Artículo 8 (TES Clase B): amplía el endeudamiento sin tocar el techo de deuda,, generando “deuda escondida”.
- Artículo 10 (Transferencia temporal de valores): permite mover recursos de caja sin autorización legislativa.
- Artículo 19 (Redistribución de partidas): le da al Ejecutivo facultades para reasignar recursos como disponga.
- Artículos 42 y 95 (Fonpet y Fomag): trasladan recursos territoriales para cubrir pasivos pensionales.
- Artículo 88 (Vigencias futuras en transporte): pone en riesgo proyectos estratégicos de infraestructura, genera incertidumbre en la inversión y problemas jurídicos por derechos adquiridos.
- Artículo 95 (Reintegro SGP al Fonpet): resta recursos inmediatos a educación y salud en municipios y departamentos.
Más deuda escondida
Ante esto, el senador Cabrales enfatizó que estas disposiciones, en la práctica, implican más deuda escondida, menos recursos para hospitales y escuelas, retraso en carreteras y obras de infraestructura, y lo más grave, un intento de debilitar el control del Congreso para que el Gobierno decida solo cómo gastar el dinero público.
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“Seguimos insistiendo en reducir el presupuesto en $26,3 billones, porque la plata de los colombianos debe manejarse con rigor y no con trampas fiscales”, señaló el presidente de la Comisión Cuarta del Senado.
Finalmente, Cabrales reiteró que su bancada no respalda la presentación de una nueva reforma tributaria y exhortó al Gobierno a revisar de fondo el monto del presupuesto, para proteger la sostenibilidad fiscal y el bolsillo de los colombianos.
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Los costos ocultos del presupuesto
Pero, más allá del debate, lo que hoy está en juego es el impacto que podría generar el presupuesto en los bolsillos de las familias y en las finanzas personales de los ciudadanos de a pie.
La propuesta por $557 billones fue analizada en un reciente informe elaborado por la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que lanza una alerta contundente: el 91,4% de ese dinero ya está comprometido en pensiones, salud, transferencias y salarios, lo que deja casi sin oxígeno a la inversión en obras nuevas y a la creación de programas sociales.
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Los más golpeados, advierte el análisis elaborado por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. de San Buenaventura, Julio Enrique Duarte, serían las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Esto, debido a que el plan del Ejecutivo, primero, depende de una reforma tributaria de $26,3 billones que difícilmente pasará sin cambios en ambas corporaciones. Segundo, arrastra un hueco de $12 billones sin financiación clara. Y, tercero, dedica $70,7 billones solo a pagar intereses de deuda. Con semejantes limitaciones, el margen de maniobra es mínimo. “Si la tributaria no recauda lo esperado, el ajuste será inevitable: o se recortan gastos o se asume más pasivos. Aquí no hay salidas fáciles”, insiste Duarte.
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El semáforo del presupuesto a tener en cuenta
- Verde, si se aprueba la reforma completa: el déficit caería a 3,5% del PIB y la deuda se estabilizaría en torno al 63%.
En este caso, las personas sentirían un impacto menor sobres sus finanzas, ya que la estabilidad fiscal reduciría la presión sobre subsidios a la energía y al transporte, lo que significa menos riesgo de que suban tarifas en la Costa Caribe o la gasolina. Con menos incertidumbre, el dólar tendería a estabilizarse y la inflación (hoy en 5,10%, según el Dane) podría mantenerse controlada. Eso ayuda a que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés (actualmente en 9,25%), haciendo más baratos los créditos de consumo o vivienda.
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- Amarillo, si se aprueba de manera parcial: el déficit subiría a 4,7 % y la deuda al 65%, forzando recortes por $13 billones.
El bolsillo tendría un efecto intermedio. La razón es que el Gobierno recortaría inversión en obras regionales, lo que significa menos empleo en construcción y menor dinamismo en economías locales. El crédito seguiría caro: con tasas de interés solo bajando lentamente. Además, los subsidios de energía o gasolina tendrían menos espacio fiscal, lo que se podría traducir en ajustes graduales a las tarifas.
- Rojo, sin reforma (el escenario más crítico): el déficit superaría el 5,5% del PIB, la deuda rondaría el 67% y el Gobierno debería recortar hasta $26 billones o endeudarse más agresivamente.
Bajo este escenario, los recortes serían inevitables. Con el 91% del gasto atado a salud, pensiones y salarios, la tijera caería sobre subsidios y proyectos de inversión. Eso se sentiría en alzas más rápidas de la gasolina, electricidad o transporte público. Además, si las calificadoras rebajan la nota del país, los bancos encarecerían créditos de consumo, tarjetas e hipotecas. De igual forma, se harían menos obras regionales, afectando la generación de nuevos empleos y causando que la economía circule menos.
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