El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa respondió a señalamientos de ordenar multimillonario negocio con un amigo: “Jamás haría yo esa estupidez”

La revelación de correos internos en Ecopetrol puso en entredicho la versión oficial sobre el pago de 42 millones de dólares por las plantas de generación de energía Termomorichal I y II, una operación que involucra a altos directivos de la petrolera y que, según la documentación, habría estado resuelta jurídicamente desde 2018.

El 6 de junio, David Riaño, vicepresidente de Energía de Ecopetrol, afirmó en una entrevista con La W que la compañía no había realizado pagos irregulares al empresario William Vélez por las mencionadas plantas.

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Riaño sostuvo que “nosotros obviamente hicimos toda la debida diligencia, esto que yo les digo tiene análisis financieros, tiene análisis jurídicos donde a detalle obviamente se analiza cada opción para determinar qué es lo mejor para el grupo Ecopetrol”, según sus palabras.

Sin embargo, el medio accedió a una serie de correos electrónicos internos que contradicen esta postura y que, desde el 8 de noviembre de 2018, ya aclaraban la situación contractual respecto a la obligación de pago al finalizar el contrato.

El análisis jurídico, elaborado por Rolando Correa Suescún, abogado senior del área jurídica de Ecopetrol —que, según confirmó La W Radio, continúa en la empresa—, fue dirigido a Carlos Andrés Puerta, entonces líder del área de Portafolio de Energías Renovables hasta 2022.

El documento respondía a la consulta sobre si correspondía el pago de la opción de compra al término del contrato de las plantas Termomorichal.

El análisis, basado en el contrato original cedido en 2016 por Meta Petroleum a la petrolera estatal, establecía que “si ECOPETROL S.A. no ejerce la opción de compra pactada en el contrato y espera al momento de la finalización del plazo contractual (...) no se generará para ECOPETROL S.A. obligación de hacer reconocimientos adicionales por la transferencia del activo”.

Este argumento se apoya en la naturaleza del contrato tipo BOOMT, que, según estándares internacionales, prevé la transferencia de los bienes al final del plazo contractual, ya que las tarifas pagadas durante la vigencia del contrato amortizan el valor de los activos transferidos.

Esta interpretación jurídica se opone a lo manifestado por David Riaño en La W, quien sostuvo que “ahí hay una gran confusión. No es cierto que 10 días después se diera o se generara un derecho para adquirir gratis esos activos”.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se pronunció sobre la información difundida por La W Radio acerca de la entrega de 42 millones de dólares a un empresario por las plantas Termomorichal I y II.

El presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa aseguró que no participó en los análisis ni en las discusiones del proyecto, ya que había declarado un conflicto de intereses debido a que el propietario de la empresa beneficiaria fue su antiguo empleado.

“Yo en mi momento, que no pude hablar de eso ni conocer de eso, manifesté mi aparente conflicto de interés por tratarse de una empresa de la que el dueño era mi antiguo empleado. Allí, hice mis manifestaciones y las dejé escritas. En ningún momento estuve ni hice parte de los análisis, de las discusiones, de las decisiones, como tampoco lo hizo la doctora Mónica de Greiff”, afirmó Roa en declaraciones recogidas por el medio citado.

El presidente de la petrolera también señaló que, de no haberse aceptado la condición para la transferencia, el país habría enfrentado un corte de energía de varios días.

En palabras del directivo, reveladas por el medio citado indicó que: “Jamás haría yo una estupidez ni autorizaría hacer un regalo de 42 millones de dólares a absolutamente nadie, en ninguna circunstancia. Entonces, el documento está entregando y soporta las condiciones establecidas desde el 2012”, puntualizó Roa.

Finalmente, el funcionario subrayó que la decisión debía adoptarse en la actual administración de la petrolera y que la contratación se realizó con todas las facultades correspondientes de acuerdo con lo que indica la ley.