La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación formal sobre un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra contratos adjudicados entre 2023 y 2024 por un valor superior a $86.000 millones.
Según la entidad, se identificó un patrón de direccionamiento y pago de sobornos en al menos seis procesos de selección, destinados a la atención de emergencias en comunidades vulnerables de Colombia.
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La investigación de la SIC se fundamenta en evidencias obtenidas a través de visitas administrativas, requerimientos de información, declaraciones y la colaboración con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso” y ya condenado por este escándalo, habría postulado sistemáticamente empresas bajo su control en los procesos de selección de la Ungrd.
Esta estrategia buscaba simular una pluralidad de oferentes y una competencia efectiva, aunque en realidad las compañías actuaban de manera coordinada bajo el control de López Rosero.
La SIC determinó que estas empresas presentaron propuestas con sobrecostos sustanciales, recursos que posteriormente se utilizaron para el pago de sobornos a funcionarios y contratistas de la Ungrd.
Entre los principales implicados figuran Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, señalados de haber direccionado los contratos a favor de las firmas vinculadas a López Rosero.
Como resultado de estas actuaciones, la Delegatura para la Protección de la Competencia formuló pliego de cargos contra exfuncionarios y excontratistas de la Ungrd, así como contra López Rosero, las sociedades bajo su control y otras personas que, de manera activa u omisiva, contribuyeron a la realización de la conducta ilegal.
La SIC advirtió que, de comprobarse la responsabilidad de los investigados, las sanciones podrían alcanzar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $142.000 millones.
La entidad subrayó que estas medidas buscan proteger la libre competencia y enviar un mensaje contundente contra la corrupción en la contratación estatal, especialmente en procesos que involucran recursos destinados a la atención de emergencias y a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“Con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso de combatir de manera decidida las prácticas anticompetitivas y corruptas que afectan el sistema de compra pública”, destacó la Superintendencia en su comunicado.
SIC impone millonarias sanciones por sobreprecios en medicamentos en Colombia
Las recientes acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pusieron en evidencia la magnitud de los sobreprecios en el sector farmacéutico colombiano, con sanciones que alcanzan los $5.763.477.632 por la venta de medicamentos a valores muy por encima de los máximos autorizados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (Cnpmdm).
Las inspecciones realizadas en Cúcuta y Cali permitieron identificar incrementos que, en algunos casos, superaron el 7.000% respecto al precio regulado.
Entre octubre de 2022 y junio de 2023, la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S. comercializó 47 medicamentos cuyos precios excedieron los límites fijados por la Cnpmdm. Los aumentos detectados oscilaron entre 1,24% y 7.000,93%.
Uno de los ejemplos más destacados fue el del medicamento Tisseel, cuyo precio máximo autorizado era de $585.368, pero fue vendido a $4.750.000. De igual manera, el fármaco Actilyse, regulado en $1.691.122, se ofreció a $11.601.138.
La investigación también alcanzó a Fabilu S.A.S., que en su rol de mayorista, durante 2023, vendió nueve medicamentos con sobreprecios que fluctuaron entre 3,5% y 164,7%, incluso a una Empresa Social del Estado.
Entre los hallazgos figura el medicamento Clexane, cuyo precio máximo debía ser $12.089, pero fue comercializado a $32.000. Asimismo, el Bridion tenía un tope de $265.820 y fue vendido a $603.463.
En su función como IPS bajo la denominación Clínica Colombia ES, Fabilu S.A.S. también incurrió en la venta de 10 medicamentos con incrementos que oscilaron entre 3,38% y 2.175,11%.
El caso del Tisseel en presentación líquida/sólida resultó especialmente llamativo, ya que, con un precio máximo de $313.172, fue ofrecido a $7.125.000. Otro ejemplo fue el Verapamilo, cuyo límite era $202, pero se vendió a $2.700.
Las sanciones impuestas por la SIC reflejan la gravedad de las prácticas abusivas detectadas en la comercialización de medicamentos, con incrementos que en algunos casos multiplicaron varias veces el valor permitido por la regulación nacional.
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