Denuncian a Gustavo Bolívar por irregularidades en manejo de programas sociales en Colombia mientras estaba el frente de Prosperidad Social

Gustavo Bolívar, exdirector del departamento de Prosperidad Social (DPS) y hoy precandidato presidencial del Pacto Histórico, fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la gestión de los subsidios sociales en Colombia.

La denuncia presentada por el ciudadano Diego Caro sostiene que la administración de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, así como su transición hacia la Renta Ciudadana, estuvo marcada por decisiones arbitrarias y falta de transparencia, lo que ha generado inquietud sobre el destino de los recursos públicos y la protección de los derechos de las familias vulnerables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se ha reportado que a los beneficiarios de Familias en Acción se les está solicitando firmar un documento para su traslado “voluntario” a Renta Ciudadana, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, no recibirán los pagos correspondientes a diciembre de 2024 y enero de 2025”, se lee en la denuncia.

Además, el denunciante consideró que durante la gestión de Bolívar en la entidad oficial hubo falencias en el proceso de migración de los beneficiarios a la Renta Ciudadana, ya que, según el accionante, habría excluido a miles de familias en situación de vulnerabilidad sin justificación clara.

“Esta situación ha generado preocupación, ya que muchos beneficiarios no han recibido información clara y suficiente sobre las nuevas condiciones y requisitos del programa Renta Ciudadana, lo que podría llevar a la exclusión de numerosas familias del subsidio”, indicó Caro en su acción tutelar.

Al mismo tiempo, el documento advierte que se habrían incorporado comunidades indígenas a pesar de que ya cuentan con un esquema propio de apoyo estatal.

Uno de los aspectos más graves expuestos por Caro es la ausencia de información pública verificable sobre el número de hogares beneficiados y excluidos.

Según su relato, tras múltiples solicitudes formales, el DPS no ha entregado datos claros que permitan auditar el proceso.

El denunciante afirma que la exclusión de familias por “mejora en la situación económica” se habría fundamentado únicamente en cruces de bases de datos, sin ofrecer a los afectados la posibilidad de apelar o demostrar su situación real.

“Bolívar, esto no es un juego. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales”, advirtió Caro, subrayando su intención de exigir rendición de cuentas.

Trabas del DPS por su petición

El camino legal iniciado por Caro comenzó con un derecho de petición para acceder a la información, que no obtuvo respuesta. Posteriormente, interpuso una tutela que fue fallada a su favor, pero el DPS apeló la decisión.

Aunque el fallo fue ratificado, la entidad no cumplió con la orden judicial. A este escenario se suma la inacción del Juzgado 51 laboral, que lleva 4 meses sin pronunciarse sobre el desacato atribuido al DPS.

Tras ello, Diego Caro decidió entonces acudir a la Procuraduría para que se investigue el manejo de los recursos destinados a los programas sociales.

“Es posible observar que la petición no ha sido debidamente contestada, por cuanto ya dos jueces naturales han planteado que existió una vulneración del derecho de petición y a la fecha no se ha recibido la respectiva respuesta. Por lo tanto, no hubo respuesta de fondo ni comunicación motivada de ampliación del término”, detalló.

El contexto electoral otorga una dimensión adicional a la denuncia. Por último, Diego Caro advierte que la proximidad de los comicios incrementa el riesgo de que los subsidios sean utilizados con fines políticos, lo que, a su juicio, exige una vigilancia reforzada sobre la gestión de estos programas.

Por el momento, el hoy aspirante presidencial no se ha referido frente a la denuncia.

Procuraduría lo había investigado por participación en política

De confirmarse la apertura de la investigación, Gustavo Bolívar enfrentaría su segunda indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La última fue en abril de 2025, cuando el organismo de control lo investigó por presunta participación en política, en medio de la instalación de comités de la consulta popular, en la que invitó a la ciudadanía para que respaldaran las listas al Congreso del Pacto Histórico.

“Transmitan este mensaje a quienes venden ese voto y para las próximas elecciones sepan elegir. Ahí vamos a estar con nuestras listas del Pacto Histórico tratando de obtener, por fin, unas mayorías en el Congreso de la República”, había dicho Bolívar en su momento.