La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Fabio Enrique Parra Pinto, reconocido exciclista y exgerente de Indeportes Boyacá (2019-2021), por presuntas irregularidades en un proceso de interventoría destinado al mejoramiento de la piscina de la Villa Olímpica del departamento.
Según el ente de control, durante la contratación se habrían impuesto requisitos restrictivos de participación relacionados con la experiencia exigida a los posibles proponentes, lo que habría limitado la pluralidad de postulaciones y vulnerado los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad.
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En el mismo proceso, la Procuraduría señaló como presuntamente implicados a otros exfuncionarios de Indeportes: José Daniel Wetter Rodríguez (director técnico de Fomento y Desarrollo Deportivo), Edmundo Flórez Peñaranda (director Administrativo y Financiero) y Nelly Andrea Medina Casas (asesora jurídica).
El Ministerio Público indicó que la conducta de los cuatro fue calificada, de manera provisional, como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
El comunicado explicó que la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá halló evidencias de que las condiciones establecidas en el contrato pudieron restringir la participación y afectar la justa competencia en la adjudicación de las obras, elemento clave en los procesos públicos del sector deportivo.
Fabio Parra, tras una destacada carrera como ciclista en la década de los 80, asumió responsabilidades en la administración pública departamental.
Ahora enfrenta este proceso disciplinario que, según la Procuraduría, busca reforzar los estándares de transparencia y equidad en la gestión de recursos y proyectos públicos en Boyacá.
Procuraduría formula cargos a exalcalde de Córdoba, Quindío, por presunto fraccionamiento de contrato de transporte escolar
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Jhon Jairo Pacheco Rozo, exalcalde de Córdoba, Quindío (2020–2023), por presuntas irregularidades en la contratación del transporte escolar para estudiantes de zonas rurales del municipio.
La investigación apunta al fraccionamiento de un contrato destinado a la movilización de alumnos hacia dos instituciones educativas, práctica que, según el ente de control, habría contravenido los procedimientos legales establecidos para este tipo de servicios.
El caso se centra en hechos ocurridos en enero de 2020, cuando, presuntamente, el entonces mandatario “participó en un proceso de selección de mínima cuantía para la movilización de los alumnos durante el primer semestre de ese año, en lugar de suscribir un proceso de selección abreviada”.
Por los mismos hechos, la Procuraduría también formuló cargos contra Jaiver Antonio Rico Amaya, exsecretario general y de Gobierno Municipal, que, en calidad de alcalde encargado y ordenador del gasto, habría firmado negocios jurídicos con idéntico objeto contractual, lo que refuerza la hipótesis de fraccionamiento.
Según lo establecido por la Procuraduría Provincial de Instrucción del Quindío, ambos exfuncionarios habrían incurrido en un posible quebrantamiento de los principios de moralidad y eficacia que rigen la función pública, motivo por el cual el Ministerio Público calificó de manera provisional su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, por presunta destinación indebida de recursos públicos
La Procuraduría también formuló cargos disciplinarios contra Morel Alonso Mazo Gutiérrez, exalcalde municipal de Sabanalarga, Antioquia, y contra Carlos Andrés Taborda Rodríguez, que ejercía la Secretaría de Hacienda de esa misma administración, por presunta destinación indebida de recursos provenientes de un crédito otorgado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) en el año 2019.
Según la información del ente de control, “el 27 de diciembre de 2019, Mazo Gutiérrez, en su condición de alcalde, presuntamente suscribió un pagaré con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), a título de préstamo por un valor de $272.838.870”, precisando que el crédito de fomento quedó perfeccionado en el contrato de empréstito número 0060 de 2017 y una adición de 2018.
Los recursos estaban originalmente destinados “para la construcción de la placa del polideportivo ubicado en la vereda El Llano de Oro”.
La investigación del Ministerio Público permitió observar documentación que da cuenta de la autorización por parte del concejo municipal para que el alcalde pudiera modificar la destinación de dicho empréstito el 27 de diciembre de 2019. No obstante, la Procuraduría determinó que existieron elementos para formular cargos a los dos exfuncionarios.
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