La Fiscalía General de la Nación solicitó la condena de dos miembros de la fuerza pública por su presunta participación en un caso de chuzadas ilegales que tuvo como víctima a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, funcionaria en el gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la acusación, los uniformados habrían manipulado informes y presentado información falsa para obtener la autorización judicial que permitió intervenir las comunicaciones de Meza, a quien hicieron pasar por integrante del Clan del Golfo.
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Durante el juicio, la Fiscalía detalló que el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredy Morales enfrentan cargos por haber inducido en error a las autoridades judiciales.
Según la investigación, ambos presentaron documentos alterados y recurrieron a fuentes no formales para justificar la solicitud de interceptación, lo que derivó en la vulneración de derechos fundamentales de Meza y de otras personas vinculadas al entorno de Sarabia.
El caso
El caso se originó tras el reporte de un robo de cerca de $12 millones en la residencia de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. La entonces pareja de Sarabia informó a las autoridades sobre la desaparición del dinero, pero la fiscal encargada del caso se negó inicialmente a ordenar seguimientos.
Ante esta negativa, se habría orquestado un plan para engañar a los funcionarios judiciales y obtener así la autorización para realizar interceptaciones telefónicas, presentando a Meza y a otros empleados domésticos como supuestos miembros del Clan del Golfo.
En el desarrollo de la investigación, la expatrullera Dana Canizales y el exintendente Alfonso Quinchanegua también resultaron implicados. Ambos aceptaron su responsabilidad en la manipulación de documentos y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía, lo que les permitió recibir una condena de 10 años de prisión a cambio de colaborar en la identificación de otros posibles involucrados, tanto civiles como uniformados.
La Fiscalía reconstruyó la cronología de los hechos a partir del testimonio de Meza. El 27 de enero de 2023, una integrante del esquema de seguridad de Sarabia dejó un maletín en el sofá de la casa. Al día siguiente, Meza salió a descansar y utilizó un servicio de transporte de plataforma.
El 29 de enero, Andrés Parra, esposo de Sarabia, la contactó para que regresara de inmediato al apartamento. Al llegar, Meza encontró a varias personas en el inmueble y le informaron sobre la desaparición del dinero.
“El 27 de enero de 2023, la señora ‘Sandy’, del esquema de seguridad de Laura Sarabia, dejó en un sofá de la casa un maletín. La señora Marelbys Meza, testigo número uno del caso, aseguró que el sábado 28 de enero salió a descansar y tomó un servicio de transporte de la plataforma Didi. El día 29 la llamó el señor Andrés Parra, esposo de Sarabia, para que fuera de inmediato al apartamento”, indicó la Fiscalía en medio del juicio.
Un policía la condujo al primer piso del edificio para tomarle declaración. Posteriormente, Meza fue llevada al Palacio de Nariño, donde se le practicó una prueba de polígrafo en medio de irregularidades. Tras la diligencia, un hombre la abordó y la intimidó.
La manipulación de informes no solo afectó a Meza. Los uniformados solicitaron la interceptación de las líneas telefónicas de Yhonson Pineda Sarmiento, compañero de Meza, y de Fabiola Perea, otra empleada doméstica de Sarabia, presentándolos también como presuntos integrantes de una organización criminal. Para sustentar estas solicitudes, recurrieron a señalamientos de fuentes no formales, lo que permitió que el fiscal 101 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales autorizara las interceptaciones.
Durante la audiencia, la fiscal del caso enfatizó que la evidencia recopilada demostró cómo Correa aportó documentos falsos y Morales elaboró informes de campo con información engañosa. Estas pruebas permitieron desmontar las acusaciones fabricadas y evidenciar las irregularidades cometidas en el proceso.
“Quedó evidenciado cómo los dos procesados incurrieron en estas irregularidades:en el caso de Correa, aportando documentos falsos y recurriendo a fuentes no formales; y en el de Morales, a través del informe del investigador de campo. Estas pruebas permitieron demostrar la falacia de las afirmaciones incriminatorias”, declaró.
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