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La Corte Suprema investiga tráfico de influencias y clientelismo en la Dian durante el Gobierno Petro: más de 60 políticos de diferentes partidos están involucrados

El expediente judicial revela la magnitud de las redes políticas y la dificultad de transformar la cultura institucional en Colombia.

Documentos y chats filtrados muestran cómo ministros, senadores y asesores presionaron para obtener nombramientos y contratos, según pruebas obtenidas por la Corte Suprema y reveladas por el medio Semana - crédito Luisa González / Reuters
Documentos y chats filtrados muestran cómo ministros, senadores y asesores presionaron para obtener nombramientos y contratos, según pruebas obtenidas por la Corte Suprema y reveladas por el medio Semana - crédito Luisa González / Reuters
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Un expediente de la Corte Suprema de Justicia, ha sacudido el panorama político colombiano al documentar con pruebas directas el tráfico de influencias y el clientelismo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el gobierno de Gustavo Petro.

El caso, que involucra a ministros, senadores, magistrados y decenas de congresistas, expone cómo la gestión de cargos y contratos en una de las entidades clave del Estado se convirtió en moneda de cambio político, según las revelaciones obtenidas por Semana.

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El expediente, compuesto por 11 cuadernos y miles de folios, contiene transcripciones de chats, hojas de vida y solicitudes de nombramientos y contratos enviados al entonces director de la Dian Luis Carlos Reyes.

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La investigación, bajo la reserva de la magistrada Cristina Lombana, señala a 65 congresistas y excongresistas, además de figuras del círculo cercano al presidente Petro, como protagonistas de gestiones burocráticas que buscaban ubicar a recomendados en cargos estratégicos o asegurar contratos de asesoría.

Semana obtuvo acceso a las conversaciones extraídas del teléfono de Reyes por orden de la Corte Suprema, que constituyen el núcleo probatorio del caso.

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Conversaciones extraídas del teléfono de Luis Carlos Reyes revelan presiones de figuras políticas para asegurar puestos y contratos, mientras la magistrada Cristina Lombana lidera la investigación sobre el alcance de las gestiones - crédito Presidencia de la República

Las pruebas recabadas por el alto tribunal muestran un patrón sistemático: a través de mensajes de WhatsApp, políticos de distintos partidos remitieron hojas de vida y peticiones de ascensos, traslados o contratos.

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En los chats, Reyes recibía presiones para nombrar personas en oficinas sensibles de la Dian, como Cúcuta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, regiones clave en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. Además, se documentaron propuestas de contratos con empresas que contaban con el aval de figuras políticas, como el pastor Alfredo Saade.

Entre los casos individuales más destacados, el medio mencionado detalla la insistencia de Alfredo Saade, excandidato presidencial y exjefe de despacho del Gobierno Petro, que desde agosto de 2022 buscó reuniones y envió reiteradamente hojas de vida a Reyes para lograr el nombramiento de Plácido Orlando Arteaga en la dirección seccional de Cúcuta.

Saade, suspendido posteriormente por la Procuraduría por otro caso, presionó durante meses y transmitió mensajes de su recomendado, quien cuestionaba la transparencia de los concursos internos de la Dian.

Reyes, en sus respuestas, defendió el proceso de selección y aseguró que la experiencia gerencial sería evaluada de manera amplia, aunque evitó acceder a las solicitudes.

El expediente también incluye mensajes del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, quien en octubre de 2022, cuando era secretario jurídico de la Presidencia, contactó a Reyes para coordinar asuntos administrativos y, posteriormente, envió la hoja de vida de un funcionario de la Dian buscando un ascenso. Fernández insistió en la ampliación de la planta de personal, asunto que consideraba prioritario, y solicitó gestiones para viabilizar el respectivo decreto.

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Por su parte, Armando Benedetti, ministro del Interior, figura en los chats como un interlocutor directo que, apenas diez días después de la posesión de Petro, remitió hojas de vida para tres cargos directivos en Barranquilla y Cartagena. Benedetti también solicitó traslados de funcionarios, argumentando razones familiares, y expresó su inconformidad por la respuesta institucional. Reyes, en estos intercambios, se mostró receptivo pero no confirmó la materialización de las peticiones.

El senador Efraín Cepeda, expresidente del Congreso y opositor al gobierno, también aparece en los registros. En agosto de 2022, envió una hoja de vida a Reyes y, meses después, solicitó la canalización de donaciones de bienes decomisados para comunidades vulnerables. Reyes respondió afirmativamente y puso en contacto a Cepeda con la funcionaria encargada del tema, según los mensajes revisados por Semana.

Otros parlamentarios, como Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, y Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, realizaron gestiones similares. Pérez pidió la consideración de un recomendado para un cargo técnico y, tras el estallido del escándalo, negó haber solicitado puestos en la Dian, reclamando a Reyes por lo que consideró una acusación injusta. Castellanos, por su parte, intervino para mantener a una conocida en su cargo y gestionó la presentación de un contrato millonario para su región de origen.

El expediente también recoge el enfrentamiento entre Roy Barreras, exsenador y precandidato presidencial, y Reyes. Según el relato consignado por el medio mencionado, Barreras habría entregado personalmente hojas de vida para cargos en la Dian y, en tono de advertencia, comparó a Reyes con un joven futbolista talentoso al que podían “romperle las piernas” si no accedía a las solicitudes. Este episodio, junto con la entrega de un sobre de manila con hojas de vida en presencia de la representante Gloria Arizabaleta, forma parte de las pruebas bajo análisis judicial.

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La lista de investigados por la Corte Suprema, a la que tuvo acceso Semana, incluye a 65 congresistas y excongresistas de diferentes partidos y regiones.

Entre los representantes a la Cámara figuran Agmeth Escaf, Alfredo Deluque, Ángela María Vergara, Carlos Cuenca, Dorina Hernández, Ciro Ramírez, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo, Mónica Bocanegra, Néstor Leonardo Rico, Fernando David Niño, Gloria Zorro, Alejandro Ocampo, José Alejandro Martínez, Leonardo de Jesús Gallego, Mauricio Parodi, Milene Jarava, Olga Lucía Velásquez, Óscar Darío Pérez, Saray Robayo, Silvio Carrasquilla, Wilmer Carrillo y Yenica Acosta.

En el Senado, la investigación alcanza a cerca de 30 nombres, entre ellos Antonio José Correa, Antonio Zabaraín, Carlos Mario Farelo, Édgar Jesús Díaz, Efraín Cepeda, Enrique Cabrales, Germán Blanco, Samy Merheg, Jairo Castellanos, Juan Carlos Garcés, Laura Fortich, Liliana Bitar, Mauricio Gómez Amín y Nicolás Albeiro Echeverry. También aparecen exsenadores y exfuncionarios como Roy Barreras, Sandra Yaneth Jaimes, Buenaventura León, Diego Javier Osorio, Eloy Quintero, José Montes De Castro, Feliz Chica, John Bermúdez, José Luis Pinedo, Juan Carlos Rivera, Faber Muñoz y Andrés Felipe García Zuccardi.

El alcance del escándalo se extiende a figuras como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba; el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón; y el exsenador y exgobernador Richard Aguilar.

Además, el expediente menciona a personas sin fuero especial, como el pastor Saade, la secretaria de la Comisión Tercera de Cámara, Elizabeth Martínez, el magistrado Vladimir Fernández y Alí Ibrahim Fakih, conocido como Alito, un comerciante de Maicao que apoyó la campaña de Petro.

La magistrada Cristina Lombana ha solicitado la verificación de la identidad y el estatus laboral de cada persona mencionada en las hojas de vida para determinar si las gestiones derivaron en nombramientos o ascensos dentro de la Dian.

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