El debate sobre la nueva reforma tributaria encendió alarmas en un sector clave de la economía, el transporte de carga y de pasajeros. La propuesta del Gobierno, que busca aumentar progresivamente el IVA aplicado a la gasolina y al diésel hasta llegar a la tarifa general del 19%, puso en pie de protesta a los gremios que advierten un efecto en cadena sobre los costos de vida de millones de colombianos.
La discusión no es menor. Para las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, el planteamiento oficial golpea de frente al bolsillo de los hogares. José Yesid Rodríguez Hernández, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), fue contundente al señalarlo: “Un aumento desproporcionado de la gasolina encarece el transporte, los alimentos y la canasta básica”.
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El dirigente gremial criticó también la afirmación del presidente Gustavo Petro de que “los pobres no usan gasolina”, pues considera que desconoce la manera en que la movilidad está atada al acceso a bienes y servicios en todo el país. “Cada incremento injusto en los combustibles se traduce en menos ingresos, más hambre y menos oportunidades para millones de familias”, aseguró.
El panorama no es distinto para el transporte de carga. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) advirtió que la aplicación del IVA del 19% al diésel, sumado al impuesto al carbono, representaría un “golpe muy grave” a la estabilidad del sector. La presidenta del gremio, Nidia Hernández, recordó que el combustible equivale al 40% de la estructura de costos de la operación y que un ajuste de esta magnitud se reflejaría inmediatamente en toda la cadena logística. Según sus estimaciones, el incremento del diésel podría ser de hasta un 12%.
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Las preocupaciones van más allá del aumento tributario. Colfecar recordó que este año las empresas ya enfrentaron una carga adicional con el incremento del 218 % en la autorretención a título del impuesto de renta. “Una tributaria es totalmente inoportuna e inaceptable cuando este año nos impusieron un aumento del 218 por ciento en la autorretención a título del impuesto de renta. Esta decisión seguirá asfixiando a las empresas de transporte”, manifestó la dirigente.
La sensación de “asfixia” a la que se refieren los empresarios tiene sustento en los números. En lo corrido del año, el precio del diésel subió un 16%, lo que empujó un alza en los fletes entre el 20% y el 30%. Para los sectores productivos que dependen del transporte de mercancías agro, comercio e industria, ese incremento resultó difícil de absorber, más aún después de tres años de altísima incertidumbre marcada por la inflación, los costos de insumos y la lenta recuperación económica.
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El sector de pasajeros tampoco la tiene fácil. El alza en combustibles se traduce directamente en tarifas más altas para los usuarios, muchas veces en regiones donde el transporte intermunicipal es la única alternativa para movilizarse hacia centros de salud, universidades o espacios de comercio. La preocupación es que cualquier aumento sostenido termine recortando la demanda y, por ende, la sostenibilidad de las empresas que prestan el servicio.
El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de la reforma como parte de la estrategia para financiar el Presupuesto General de la Nación del próximo año. Sin embargo, entre transportadores y analistas se repite la misma inquietud: que los costos de la política fiscal terminen trasladándose a los hogares y al tejido empresarial en un momento de fragilidad económica.
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La advertencia que hacen los gremios es clara: el impacto de esta medida no se limita al combustible. Se expande como un efecto dominó sobre la canasta básica, el precio de los alimentos y, en general, el costo de vida de las familias. Al encarecer la logística, los productos finales que llegan a los mercados se venden a precios más altos, lo que aumenta la presión sobre los consumidores.
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