MinDefensa alertó que “atentados en Cali son producto de la financiación de cultivos ilegales”

Las autoridades nacionales, departamentales y locales se reunieron en Cali para revisar la situación de seguridad que enfrenta la capital del Valle del Cauca después de los ataques terroristas registrados en agosto.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acompañado por la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder.

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Durante el consejo de seguridad se analizaron los avances de los compromisos asumidos en semanas anteriores, además de las acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses. El jefe de la cartera de Defensa destacó la necesidad de mantener la articulación entre las distintas instituciones para enfrentar a los grupos responsables de la violencia.

Según reseñó W Radio, el ministro expresó: “Hay un reto muy importante por mantener la acción coordinada con los diferentes entes y transformar el territorio. Esperamos muy pronto, y vamos a trabajar arduamente en ello, en declarar a Jamundí como zona libre de cultivos para uso ilegal”.

Las autoridades explicaron que uno de los pilares de la estrategia en la región se centra en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, liderado por la Gobernación del Valle. Este proceso busca ofrecer alternativas a los campesinos que dependen de economías ilegales, con el fin de reducir el impacto del narcotráfico en municipios como Jamundí.

A la par, la Fuerza Pública adelanta un plan de control sobre la circulación de insumos químicos y materiales que son empleados en la producción de base de coca. La meta es impedir que estos elementos lleguen a las zonas rurales donde operan laboratorios clandestinos.

Sánchez Suárez confirmó la llegada de refuerzos militares en los próximos días. Se trata de 70 soldados especializados del Ejército Nacional que se desplegarán en el sur del Valle, con énfasis en los corredores que comunican Jamundí con el departamento del Cauca. La misión de este grupo será reforzar la seguridad en las vías y garantizar la movilidad de los habitantes.

El ministro también informó que antes de que finalice octubre se sumarán vehículos blindados para las labores de patrullaje en la región. Estos equipos, junto con el personal adicional, estarán enfocados en reducir la capacidad de acción de las estructuras que han ejecutado actos terroristas en Cali y municipios vecinos.

En la reunión, la Gobernación del Valle reiteró su compromiso con la sustitución de cultivos ilegales y con la coordinación permanente junto a las Fuerzas Armadas. El propósito es integrar esfuerzos entre el nivel local y nacional para recuperar la tranquilidad en los territorios más golpeados por la violencia.

El balance de la Fuerza Pública en lo que va del año también fue presentado durante el consejo. Según el ministro de Defensa, las operaciones en el Valle del Cauca han afectado directamente a cerca de mil integrantes de grupos armados organizados. Asimismo, se reportó la incautación de 120 armas de largo alcance y 268 de corto alcance.

Las autoridades también lograron neutralizar un importante número de explosivos. De acuerdo con las cifras reveladas por el Gobierno, se decomisaron 1.132 artefactos explosivos y 2.665 kilogramos de material destinado a la fabricación de estos dispositivos. Estos resultados forman parte de las operaciones que buscan frenar los atentados y proteger tanto a la población civil como a la infraestructura pública.

El Ministerio de Defensa subrayó que la violencia registrada en Cali y en otros puntos del departamento está directamente relacionada con las rentas ilícitas que generan los cultivos de uso ilegal. En ese sentido, Sánchez afirmó ante los medios que los recientes ataques se financiaron gracias a estas economías ilegales, lo que convierte su erradicación y sustitución en un eje prioritario de la estrategia de seguridad.

Finalmente, se destacó que 29 personas han sido capturadas como presuntas responsables de los actos terroristas ocurridos en la capital del Valle. Estas detenciones hacen parte de las investigaciones conjuntas adelantadas por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de identificar a los autores materiales e intelectuales de los hechos.