
La Policía Nacional confirmó la desarticulación de una red de extorsión que operaba al interior de la cárcel La Vega, ubicada en Sincelejo, lo que se convirtió en un ejemplo de la sofisticación y el alcance de las estructuras criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios sin control alguno.
De acuerdo con la información de las autoridades, se llevó a cabo un operativo coordinado con el grupo antisecuestro y antiextorsión (Gaula) de la Policía Nacional y así se logró la captura de tres presuntos miembros de una banda que, según las autoridades, exigía a sus víctimas entre 1 y 5 millones de pesos bajo amenazas de muerte.
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La investigación permitió identificar a Edén Gil Robles, identificado entre los delincuentes como alias Jackson y que era el principal cabecilla de la organización. Su historial judicial es extenso, debido a que cuenta con 24 anotaciones por delitos que incluyen homicidio, hurto, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir.
Junto a él cayó Walter Flórez Márquez, que ocupaba el segundo puesto en la jerarquía de la organización criminal y acumulaba siete anotaciones judiciales, principalmente por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. La estructura se completaba con Maribel Arrieta Pineda, que era la responsable de las finanzas y contaba con tres anotaciones: una por concierto para delinquir y dos por homicidio.

El reporte indica que las detenciones se llevaron a cabo en el perímetro urbano de la capital de Sucre, como resultado de una labor de inteligencia que permitió desmantelar una red que operaba en coordinación con reclusos de la cárcel La Vega de Sincelejo.
Esta colaboración entre internos y cómplices en libertad incrementaba la capacidad de intimidación de la banda, que no solo extorsionaba a ciudadanos en la ciudad y sus alrededores, sino que mantenía el control sobre actividades ilícitas dentro del propio centro penitenciario.
Durante el operativo, además de las capturas en la ciudad, se notificó a tres reclusos de la cárcel La Vega sobre su implicación en cobros ilegales internos, por lo que deben enfrentar nuevos cargos debido a su participación en las actividades ilegales.
Y es que los internos señalados, a pesar de estar tras las rejas, continuaban dirigiendo y ejecutando actividades delictivas, entre ellas la exigencia de cuotas para el ingreso a los patios, el uso de pasillos, la compra de celdas y el denominado “derecho a la plancha”, como se conocen las camas de los privados de la libertad.

La desarticulación de esta red demuestra la complejidad de las operaciones criminales que se originan desde las prisiones. Aunque en este caso, los equipos de inteligencia lograron atacar el problema en su origen.
Tras el operativo, las autoridades destacaron que la efectividad de la colaboración entre las unidades de policía judicial y el sistema penitenciario fue determinante para el éxito de la operación.
Este golpe a la criminalidad no solo sirvió para desmantelar a la estructura extorsiva, sino que envió un mensaje contundente de que las autoridades no dejarán pasar por alto estas situaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, teniendo en cuenta que esta modalidad ha tomado fuerza en las diferentes regiones.

Finalmente, los encargados de la operación afirmaron que la lucha contra la extorsión continúa siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad, que consideran este resultado como un avance relevante en la protección de la población y la garantía de la seguridad dentro y fuera de los centros de reclusión.
Recuerde que si usted o un allegado son víctimas, pueden comunicarse a la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para hacer la respectiva denuncia.
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