Juez dejó en libertad a ‘Chorizo’, presunto jefe financiero del Frente 36 señalado por la masacre de policías en Amalfi

El presunto coordinador financiero del Frente 36 de las disidencias de las Farc, conocido como alias Chorizo, quedó en libertad tras una decisión judicial que puso en entredicho su proceso de captura. El operativo que permitió su detención se realizó en Medellín el miércoles 27 de agosto, y estaba considerado por las autoridades como un golpe clave contra la estructura responsable del asesinato de 13 policías en Amalfi, norte de Antioquia.

Yeison Alfonso Sánchez Zapata, señalado de gestionar los recursos provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y minería ilegal para el Frente 36, fue interceptado en el barrio Santa Teresita cuando salía en automóvil de una urbanización.

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El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula Militar Valle de Aburrá, que incautaron en la diligencia $11.358.000 en efectivo, dos celulares y una memoria USB.

¿Por qué dejaron en libertad a ‘Chorizo’?

La comparecencia de Sánchez Zapata ante el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante de Antioquia estuvo marcada por controversias. Si bien el despacho legalizó la captura y los elementos incautados, durante la audiencia de control de garantías surgieron dudas sobre el procedimiento.

Miembros de la defensa argumentaron que Sánchez Zapata había recibido malos tratos durante su captura; los uniformados le rasgaron la camisa durante la detención, hecho presentado como presunta agresión.

La defensa obtuvo un plazo de tres días para recolectar pruebas, periodo en el que se entrevistaron con testigos claves de la Fiscalía. Algunos retractaron sus declaraciones iniciales, lo que llevó al juzgado a dudar de la inferencia razonable de culpabilidad en la etapa procesal.

El juez determinó que no se había probado que el detenido representara un peligro para la sociedad y decidió dejarlo en libertad.

Alias Chorizo seguirá vinculado a la investigación, acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Permanecerá en libertad bajo citación judicial, sin medida de aseguramiento carcelaria, a pesar del peso de las acusaciones y la magnitud de la organización ilegal a la que señalan como responsable.

Historial criminal y su papel en la guerrilla

“Chorizo” habría recaudado para el grupo armado cerca de $20.000 millones mensuales, gran parte de ellos derivados de la explotación ilícita de oro en el cañón del río Porce, donde supuestamente también operaba una red de testaferros para tomar el control de minas mediante la violencia.

Las autoridades relacionan a Sánchez Zapata con una trayectoria delictiva de más de ocho años y lo sindican de coordinar redes de apoyo, gestionar entables mineros irregulares y participar en acciones armadas, incluyendo inteligencia delictiva para ataques contra la Fuerza Pública en municipios como Anorí.

El coronel Luis Barba Saldaña, comandante encargado de la Cuarta Brigada del Ejército, informó que Sánchez Zapata estuvo bajo la mira de las autoridades después del atentado ocurrida el 21 de agosto en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, donde 13 uniformados de la Policía Antinarcóticos murieron tras un ataque al helicóptero que intentaba evacuarlos de una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

El historial del capturado incluye, según las autoridades, responsabilidades en la administración de recursos ilegales y supuesta participación en el homicidio de la comerciante Patricia Orrego Barrios, copropietaria de la mina La Comba, asesinada el 7 de enero de 2024.

Los registros policiales y testimonios de inteligencia indican que Orrego intentó recuperar su yacimiento, invadido por el frente 36 desde 2021 para el control de la explotación aurífera.

Las autoridades reseñaron que la detención de alias Chorizo pretendía afectar la estructura financiera del frente, debilitando la logística y capacidad de operación armada. El Ministerio de Defensa estimó en un comunicado oficial que el grupo armado manejaba una economía ilegal comparable a tres veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad de Antioquia para 2025.