
La elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, realizada este miércoles en el Senado de Colombia, generó una fuerte confrontación política entre el Gobierno y la oposición, según reportó Blu Radio.
Camargo, ex defensor del Pueblo entre 2020 y 2024, obtuvo 62 votos, mientras que la jurista María Patricia Balanta, candidata respaldada por el presidente Gustavo Petro, alcanzó 41 sufragios.
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Tras conocerse el resultado, Gustavo Petro reaccionó desde Japón, donde se encontraba en visita oficial, y utilizó su cuenta de X para expresar su desconfianza hacia el nuevo magistrado.
El presidente afirmó que la elección de Camargo no respondía a intereses de su Gobierno y negó haber intentado controlar la Corte.
“La coalición de Gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”, escribió Petro, sin ofrecer detalles sobre los próximos pasos de su administración.
En sus mensajes, el jefe de Estado subrayó que solo había presentado dos ternas para la elección de dos magistrados de un total de nueve, y que la mayoría de los actuales integrantes de la Corte fueron postulados por gobiernos anteriores.

Petro también cuestionó el historial de Camargo, señalando que no confía en quien, según él, “se silenció ante el fascismo” y no protestó contra el asesinato de jóvenes durante el gobierno de Álvaro Uribe, ni ante el encarcelamiento de jóvenes del gobierno de Iván Duque.
El mandatario atribuyó a la historia reciente de Colombia un dominio político de la Corte por parte del uribismo, lo que, a su juicio, ha impedido avances en la construcción de un Estado Social de Derecho y ha perpetuado la desigualdad y la violencia.
“No confío en Camargo para defender la Constitución de 1991, no confió el que se silenció ante el fascismo, el que no protestó contra el asesinato de los jóvenes, ni en el gobierno Uribe, más de seis mil inocentes, ni ante el encarcelamiento de los 3.000 jóvenes por los fiscales de Duque, muchos de esos fiscales, entregados a las mafias”, sentenció Petro
Desde la oposición, la elección de Camargo fue defendida como una garantía de equilibrio institucional.
Los sectores contrarios al Gobierno argumentaron que un triunfo de Balanta habría otorgado a Petro una mayoría en la Corte Constitucional, lo que podría inclinar la balanza en favor de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Esta preocupación se centró especialmente en la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial, un tema que ha generado controversia en el país en años recientes.
El proceso de selección también estuvo marcado por acusaciones de discriminación y estigmatización.

Petro denunció que la no elección de Balanta se debió a su condición de mujer negra, y criticó que se utilizara el argumento de que era su candidata para bloquear su llegada a la Corte.
“Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, afirmó el presidente, según lo reportado por Blu Radio.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a las críticas y calificó la decisión del Senado como un acto de discriminación.
En declaraciones recogidas por Blu Radio, Benedetti sostuvo que Balanta “sufrió por ser mujer, negra y venir de estrato bajo”, y aseguró que si hubiera sido “blanca, de ojos azules, hubiera sido magistrada”.
El ministro también acusó a los medios, las cortes y las redes sociales de estigmatizar a la candidata apoyada por el Gobierno, y lamentó que se rechazara “la mejor hoja de vida para el tribunal constitucional”.
La elección de Camargo coincidió con la visita oficial de Petro a Japón, enfocada en fortalecer las relaciones comerciales y participar en la Expo de Osaka.

El mandatario aprovechó este contexto internacional para reiterar su postura sobre la independencia judicial y la necesidad de avanzar hacia una democracia plena en Colombia.
En este nuevo escenario, la llegada de Camargo a la Corte Constitucional abre una etapa que podría redefinir el papel del tribunal en el país. El presidente, pese a sus reservas, dejó abierta la posibilidad de que el nuevo magistrado demuestre su compromiso con el Estado Social de Derecho.
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