En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

La quema de tres camiones de carga en el sector conocido como Peñas del Olvido, en la vía que conecta Tadó y Pereira, desató una nueva crisis de seguridad en los corredores viales del Chocó y elevó la preocupación por el impacto de la violencia armada sobre el transporte y la economía regional.

El ataque, ocurrido en la mañana del miércoles 3 de septiembre, fue perpetrado por cuatro hombres armados que vestían prendas de camuflaje.

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De acuerdo con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curí, los sujetos interceptaron a los conductores, los obligaron a descender de los vehículos y luego incendiaron los camiones.

En el lugar fueron halladas prendas e indumentaria asociadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque hasta el momento ninguna organización se ha atribuido el hecho.

“En este momento el ejército hace presencia en el punto para asegurar y reabrir la vía. En el lugar se encontró indumentaria asociada al ELN”, declaró la mandataria departamental.

Vía cerrada y pérdidas económicas

La carretera Tadó–Pereira, parte del corredor Panamericano, permanece cerrada mientras tropas del Ejército y unidades de la Policía trabajan en la recuperación de la seguridad.

Este cierre afecta tanto el transporte de carga como la movilidad de pasajeros entre Quibdó y el Eje Cafetero.

Un vocero de la Policía de Carreteras aseguró que se recolectan pruebas para identificar a los responsables y aclarar los móviles del ataque, subrayando que “lo más importante es que las víctimas salieron con vida”.

Representantes del gremio transportador alertaron que cada día de interrupción genera pérdidas millonarias y aumenta el temor de los conductores, quienes ya deben enfrentar el mal estado de las vías y las amenazas de grupos armados.

Violencia en el Chocó

El atentado se suma a una serie de hechos violentos en la región atribuidos al ELN durante 2025. En febrero, tres camiones fueron incendiados en la vía Quibdó–Medellín, y en julio un paro armado de 48 horas paralizó la economía chocoana.

Además, la guerrilla ha declarado como “objetivo militar” a los transportadores de la cadena de supermercados D1, por negarse a pagar el llamado “impuesto de guerra”. En un comunicado, el grupo advirtió: “A partir de la fecha del presente comunicado, se declara objetivo militar cualquier automotor que se preste para llevar mercancías de las Tiendas D1 en todo el departamento de Chocó y Risaralda”.

La empresa confirmó haber sido víctima de múltiples ataques, entre ellos la quema de un camión en Anorí, Antioquia, en agosto, con pérdidas superiores a los 35 millones de pesos.

Llamado a mayor seguridad

Frente a este panorama, líderes sociales y autoridades locales han advertido sobre la colaboración entre grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo para el control de corredores estratégicos en la región.

Eisenhower Zapata, vocero de la Mesa de Víctimas del Eje Cafetero, denunció recientemente esta alianza, mientras el alcalde de Mistrató, Diego Mejía, pidió un refuerzo de seguridad para su municipio.

La gobernadora Nubia Córdoba reiteró su rechazo a los ataques contra los conductores de carga y urgió al Gobierno Nacional a fortalecer la presencia estatal en las carreteras del Chocó: “Es urgente garantizar la seguridad de nuestros transportadores y de toda la población que depende de este corredor para su vida diaria”.

Tropas del Ejército llegaron a la vía Quibdó-Pereira, donde el ELN quemó los tres camiones de carga y afirmaron que no se reportaron personas heridas.

El ELN tiene bajo peligro el departamento del Chocó

La vida en Sipí (Chocó) permanece paralizada tras el ataque del Eln a comienzos de agosto, cuando 40 guerrilleros destruyeron la estación de Policía, la sede municipal y dejaron minas antipersona alrededor del Liceo Agropecuario, lo que mantiene suspendidas las clases desde el mes de julio.

La gobernadora Nubia Córdoba alertó que la comunidad enfrenta confinamiento, desplazamientos y la imposibilidad de reparar el servicio eléctrico, interrumpido hace más de un año.

Las minas impiden el regreso de los estudiantes y el acceso de técnicos, mientras la población vive entre el miedo a nuevos ataques y la precariedad en condiciones básicas.