La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano, a través del Auto 704 de 2025, que otorgó esta acreditación en el marco de los subcasos 02 del Caso 11 y Magdalena Medio del Caso 08, abarcando hechos ocurridos entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba.
De este grupo, al menos 35 eran niños al momento de los hechos, lo que revela la profundidad y el alcance de una violencia históricamente silenciada. La decisión de la JEP no solo reconoce la condición de víctimas a estos hombres y niños, también los habilita como intervinientes especiales en los procesos judiciales correspondientes.
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De acuerdo con el tribunal, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado documentados en estos casos fueron perpetrados principalmente por grupos paramilitares, en ocasiones con la posible tolerancia de integrantes de la fuerza pública.
El tribunal subrayó que estos crímenes no fueron incidentes aislados, sino parte de estrategias sistemáticas de castigo, humillación y control, insertas en dinámicas de poder de género.
El Tribunal Superior de Bogotá enfatizó la necesidad de prestar especial atención a la violencia sexual ejercida contra hombres y niños, no solo en su calidad de víctimas, agresores o actores armados, sino en su condición de hombres.
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La JEP explicó que este reconocimiento permite visibilizar patrones, causas y consecuencias diferenciadas de la violencia sexual en el conflicto armado, afectando mayoritariamente a personas identificadas como heterosexuales y cisgénero.
El tribunal destacó que la decisión se ajusta a estándares internacionales que exigen el reconocimiento, protección y participación efectiva de todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sin distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP constató que muchas de las víctimas permanecieron en silencio durante años, motivadas por el miedo, la vergüenza y la ausencia de garantías institucionales.
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En los pocos casos en que se atrevieron a denunciar, la mayoría solo reportó desplazamientos forzados y otras violencias, omitiendo los abusos sexuales sufridos. Los relatos entregados al tribunal revelan la coordinación de los grupos armados, que ejecutaban órdenes de ganaderos y controlaban rutas estratégicas, con la aparente complicidad de miembros de la Infantería de Marina y la Policía Nacional. El año 2000 fue especialmente crítico, con al menos 50 crímenes documentados.
El magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso 02 del Caso 11 y correlator del Subcaso Gran Magdalena del Caso 08, resaltó que este avance no habría sido posible sin la valentía de los hombres que decidieron contar sus historias.
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Para la JEP, reconocerlos como víctimas representa un hito legal y social, ya que visibiliza una de las formas más silenciadas de violencia basada en género: la ejercida contra hombres, adolescentes y niños. La Sala explicó que la violencia sexual fue utilizada estratégicamente para despojar a las víctimas de atributos socialmente asociados con la masculinidad, generando daños físicos, psicológicos y sociales profundos.
El análisis de la JEP subraya que la comprensión de estas agresiones no puede limitarse a categorías tradicionales. Es necesario reconocer que las experiencias de las víctimas están atravesadas por factores como el género, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y la etnicidad.
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De los 104 hombres reconocidos, 19 tenían entre 5 y 14 años y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años. La JEP investiga actualmente 11 macrocasos de violencia en el conflicto armado, incluyendo toma de rehenes, asesinatos y desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, crímenes contra pueblos y territorios étnicos, y violencia basada en género, entre otros.
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