Una reciente reunión entre jefes del crimen organizado en el Valle del Cauca ha encendido las alarmas de seguridad en Tuluá y Cali.
Su objetivo central habría sido designar al sucesor de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de la organización La Inmaculada, cuya extradición a Estados Unidos está siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia.
El encuentro reunió a miembros de la mafia local y de otras estructuras del Valle para definir el control de las rutas del narcotráfico y garantizar la continuidad del poder criminal en la región, de acuerdo al informe de El Tiempo.
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Entre los asistentes figuró un jefe mafioso conocido como alias Fénix, identificado como uno de los principales aspirantes a liderar la organización tras la salida de Pipe Tuluá, así como un jefe apodado “Martín”, vinculado al ala de La Inmaculada que controla los patios de las cárceles de Tuluá y Villahermosa (Cali).
La reunión se produce en medio de un incremento de la violencia en Tuluá, que ha llevado a la imposición de dos noches de toque de queda.
La balacera ocurrida el 27 de febrero en Cali, que dejó un sicario muerto y siete heridos, se originó por la disputa entre jefes mafiosos identificados como “Dimax” y “Chingapipe”, este último cumpliendo condena en un resguardo indígena del Valle.
Según fuentes locales, estos enfrentamientos reflejan la disputa por el control territorial y carcelario que mantiene la organización.
En los centros penitenciarios, la disputa se concentra en los patios 1A y 1B, supuestamente vendidos por funcionarios del Inpec por más de 50 millones de pesos, de acuerdo con el medio citado.
Los llamados caciques de las cárceles buscan recuperar estos espacios estratégicos, lo que habría motivado el intento de motín registrado semanas atrás en Villahermosa.
La directora de la cárcel, María Lorena Serrano, fue declarada objetivo militar y circuló un panfleto con amenazas dirigidas a ella, dragoneantes y guardias penitenciarios.
A nivel institucional, el control de La Inmaculada se ha fortalecido durante los últimos años.
Su injerencia en la corrupción de tuluá
Investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación señalan que la organización logró infiltrar al menos tres secretarías municipales de Tuluá durante la administración del exalcalde Jhon Jairo Gómez Aguirre, controlando información sobre bienes inmuebles, comerciantes y dinámicas económicas del municipio.
Esto permitió operar con pleno conocimiento del territorio y consolidar su poder.
La principal fuente de financiamiento de La Inmaculada continúa siendo el microtráfico y la extorsión, controlando desde el mercado de alimentos hasta la agricultura local, con lo que campesinos y comerciantes deben pagar “vacunas” para poder operar, sergún la fundación Pares.
Con la llegada del alcalde Gustavo Adolfo Vélez en 2024, la confrontación con la administración municipal se intensificó, aumentando las amenazas, homicidios selectivos y atentados terroristas.
Aunque la detención de Pipe Tuluá en 2015 y la captura de su hermano alias Nacho, segundo cabecilla, no han debilitado la organización, la extradición plantea escenarios de riesgo: desde una transición ordenada hasta un repunte de violencia selectiva y fragmentación criminal.
La organización ha mantenido su poder mediante alianzas con figuras como Diego Optra, Guacamayo y Martín Bala, y la difusión de comunicados que anuncian acciones armadas contra funcionarios penitenciarios.
La respuesta de las autoridades se ha centrado en reforzar el pie de fuerza, coordinación de Policía y Ejército y la imposición de toques de queda, medidas que han contenido la violencia pero no han logrado desmantelar la gobernanza criminal de La Inmaculada.
Expertos alertan que, sin estrategias de inclusión social y atención a la desigualdad, la juventud de Tuluá continuará atrapada en un ciclo de violencia y crimen.
La reunión mafiosa en el Valle del Cauca refleja un movimiento estratégico para asegurar la continuidad del poder de La Inmaculada, mientras se define quién reemplazará a Pipe Tuluá, en un contexto marcado por disputas territoriales, control carcelario, violencia selectiva y amenazas contra la población y funcionarios públicos.
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