El nuevo fracaso del Gobierno Petro para tomar control de la expedición de pasaportes: estas son las cartas que le quedan

La expedición de pasaportes en Colombia seguirá bajo la gestión de Thomas Greg & Sons hasta abril de 2026, tras la prórroga del contrato de urgencia manifiesta por $161.000 millones.

Esta decisión se tomó pese a la intención del presidente Gustavo Petro de transferir la producción a la Imprenta Nacional con la colaboración de Portugal, en medio de investigaciones oficiales, renuncias de altos funcionarios y un debate sobre la soberanía estatal en la gestión de datos personales.

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El contrato con Thomas Greg & Sons, que ha operado la expedición de pasaportes durante casi dos décadas, fue extendido el 27 de agosto. Aunque el presidente Petro expresó su inconformidad con la medida, aceptó la prórroga para evitar una posible interrupción en la emisión de pasaportes, lo que habría generado caos nacional, demandas por la vulneración del derecho a la movilidad y un impacto negativo en la imagen del gobierno, especialmente en un contexto preelectoral.

Los intentos previos de modificar el modelo de expedición han tenido fuertes consecuencias para el Ejecutivo. Desde 2023, el gobierno ha enfrentado dos fracasos en su propósito de desplazar a Thomas Greg & Sons, lo que ha derivado en la renuncia de tres cancilleres: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia. Además, funcionarios como Leyva y el exjefe de despacho de Presidencia, Alfredo Saade, han sido objeto de suspensiones e investigaciones. Saade, por ejemplo, fue señalado por Sarabia de extralimitarse en sus funciones al solicitar retrasos en la programación de citas para la obtención del pasaporte.

Estos reveses han tenido un costo económico adicional para el Ejecutivo. El temor a una posible interrupción del servicio provocó un aumento en la demanda de pasaportes, obligando a la Cancillería a solicitar adiciones presupuestales en dos ocasiones, según un reciente análisis de El Espectador.

En julio y agosto, la entidad requirió $15.000 millones extra para cubrir gastos imprevistos, una situación que ya se había presentado en septiembre de 2024, poco antes de que venciera el contrato anterior con Thomas Greg & Sons. Como resultado de este incremento en las solicitudes, actualmente existen 116.000 pasaportes sin reclamar, según informó la canciller Rosa Villavicencio, que también enfrenta una investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la firma del convenio con la Imprenta Nacional.

El nuevo esquema propuesto por el Gobierno contempla que la Imprenta Nacional, bajo la dirección de Viviana León, asuma la producción de pasaportes a partir de mayo de 2026, con la asesoría técnica y transferencia de tecnología de la Casa de la Moneda de Portugal. Para ello, se destinarán $1,3 billones.

El acuerdo, firmado el 18 de julio, prevé que cada pasaporte costará 17 euros (aproximadamente $80.407), aunque el valor podría variar según la tasa de cambio. El modelo también permite la subcontratación, por lo que la exclusión total de empresas privadas no está garantizada.

Sin embargo, la viabilidad y legalidad de este convenio han sido cuestionadas. La Procuraduría investiga si la firma del acuerdo con Portugal y la Imprenta Nacional cumple con los principios de la contratación estatal, ya que, según el Ministerio Público, no existen documentos ni estudios previos que respalden la seguridad y legalidad de la ruta adoptada. A estas dudas se suman las advertencias de miembros de la junta directiva de la Imprenta Nacional, quienes en diciembre del año anterior concluyeron que la entidad no cuenta con la solidez financiera ni tecnológica necesaria para asumir la producción de pasaportes sin realizar ajustes sustanciales.

La canciller Rosa Villavicencio defendió el cambio de modelo, argumentando que busca “recuperar soberanía para la ciudadanía en cuanto al control de información y la protección de los datos de los ciudadanos por parte del Estado, que se ha perdido a lo largo del tiempo por la aplicación de políticas neoliberales; se ha perdido el control de sectores estratégicos”, según comentó a El Espectador.

No obstante, la transición enfrenta obstáculos técnicos y regulatorios, ya que la meta es que en los próximos ocho meses la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal obtengan las certificaciones internacionales y la autorización de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) para que los nuevos pasaportes sean aceptados globalmente.

Las posturas de los protagonistas han sido diversas y, en ocasiones, conflictivas. En 2023, la licitación en la que Thomas Greg & Sons lideraba fue cancelada abruptamente, lo que provocó la suspensión de Leyva y una demanda de $117.000 millones contra el Estado, que la empresa retiró posteriormente sin mayores explicaciones.

En 2024, bajo la gestión de Murillo, se avanzó en la estructuración del nuevo esquema, con la promesa de excluir a los privados en 2025 y dar entrada a Portugal. Sin embargo, solo se firmó un memorando de entendimiento no vinculante, pese a la aprobación parlamentaria en Portugal. La llegada de Laura Sarabia a la Cancillería no resolvió las tensiones, y tras su renuncia, la entidad admitió que el tiempo apremiaba y optó por prorrogar nuevamente el contrato con Thomas Greg & Sons.

El trasfondo de este proceso revela una relación de larga data entre el Estado colombiano y Thomas Greg & Sons, empresa que ha producido los pasaportes sin mayores contratiempos durante casi veinte años. El presidente Petro ha manifestado reiteradamente su desconfianza hacia la gestión privada de datos personales y su objetivo de fortalecer la capacidad estatal, con la meta de que para 2036 la Imprenta Nacional asuma por completo la producción de documentos oficiales, sin depender de aliados extranjeros o privados.

En este contexto, la apuesta de Petro por transformar el modelo de expedición de pasaportes se perfila como uno de los desafíos centrales de su administración, con la intención de dejar una huella en la política pública y avanzar hacia una mayor autonomía estatal en la gestión de información y documentos estratégicos.