Controversia por protección estatal a asesora del Gobierno Petro Juliana Guerrero sin justificación de riesgo

El rápido ascenso de Juliana Guerrero en el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado rodeado de controversias, especialmente por la asignación de un esquema de seguridad estatal que no fue respaldado por estudios oficiales de riesgo.

Guerrero, que a los 22 años ya ha ocupado cargos de relevancia en la administración pública, recibió protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pese a que los informes no evidenciaron un peligro extraordinario que justificara tal medida.

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Este caso, revelado por Semana, contrasta con la situación de numerosos líderes sociales en Colombia que, enfrentando amenazas reales, no acceden a una protección adecuada.

En marzo de 2022, durante el proceso electoral para el Congreso, Guerrero, entonces con 18 años, presentó una acción de tutela argumentando que su vida e integridad estaban en grave peligro y solicitó de manera urgente un esquema de seguridad.

La joven, activista política y coordinadora de juventudes en el Cesar para la campaña de Claudia Alejandra Vásquez González, candidata a la Cámara de Representantes por una circunscripción de paz, relató haber recibido una llamada amenazante en la que le advirtieron: “Esta vez sí te vamos a matar”.

Además, describió un incidente en Valledupar, donde, mientras repartía volantes junto a su hermana, observó una camioneta sin placas que le generó preocupación.

La tutela presentada por Guerrero también incluyó una solicitud de protección para su hermana, identificada únicamente como “Verónica”, aunque no aportó datos adicionales ni hechos que demostraran un riesgo concreto para ella.

La UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, negó inicialmente la petición al considerar que no existían soportes suficientes que evidenciaran las amenazas alegadas. Según la entidad, no se registraba ninguna situación de peligro para Guerrero ni para los integrantes de la campaña de Vásquez González, de acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General y la Policía.

Un informe de la Sijín, citado por Semana, concluyó que el caso de Vásquez González no presentaba amenazas directas ni dirigidas contra sus colaboradores de campaña. Sin embargo, un juzgado de Valledupar ordenó a la Dirección General de la UNP realizar un nuevo estudio de nivel de riesgo para Guerrero, instruyendo que se aplicara un enfoque diferencial que considerara tanto su género como su condición de activista política.

La decisión judicial subrayó la importancia de analizar las circunstancias particulares de quienes, por su labor social o política, son sujetos de especial protección constitucional, como líderes sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

Aunque el fallo judicial solo ordenaba la realización del estudio y no la entrega automática de un esquema de seguridad, Guerrero terminó recibiendo la protección estatal. El diagnóstico de las autoridades no reflejaba la existencia de un riesgo extraordinario, pero la joven, que ha ocupado cargos como asesora principal del Ministerio del Interior y jefa encargada del despacho presidencial, accedió al beneficio.

Dos fuentes consultadas por el medio mencionado señalaron que el poder e influencia de Guerrero dentro del Gobierno Petro han generado inconformidad en círculos cercanos al presidente.

La situación de Guerrero pone en evidencia el desorden en la asignación de esquemas de protección en Colombia. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) citados por Semana, entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2025, 349 líderes sociales y políticos han sido asesinados en el país.

Muchos de ellos no contaban con protección estatal. Margarita Restrepo, líder social de la comuna 13, denunció que, pese a las amenazas del Clan del Golfo, la UNP solo le proporcionó un teléfono celular y un chaleco antibalas. Manuel Rangel, líder social de La Guajira, recibió únicamente un chaleco antibalas y un botón de pánico, a pesar de las amenazas de bandas criminales por denunciar el reclutamiento de menores.

Semana intentó obtener la versión de Juliana Guerrero sobre los hechos que motivaron la tutela, la recepción del esquema de seguridad y su situación actual de riesgo. Aunque inicialmente respondió el saludo, la funcionaria no atendió las preguntas y no ofreció su versión para este reportaje.

Por su parte, Carlos Páez, asesor de comunicaciones de la UNP, explicó a Semana que la información sobre el esquema de seguridad de Guerrero está amparada por reserva, según un dictamen de la oficina jurídica de la entidad, y no puede divulgarse.

El ascenso de Guerrero en el Gobierno Petro ha estado acompañado de otros episodios controvertidos.

A sus 22 años, estuvo cerca de ser nombrada viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, aunque su designación permanece en suspenso.

Además, la joven figura en investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, que indagan el uso de un helicóptero de la Policía en marzo pasado para un desplazamiento entre Bogotá y Valledupar, viaje que hasta ahora no ha sido debidamente justificado.