Más de 600 correos electrónicos, circulares, manuales de protocolos y la declaración de un funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua fueron recopilados por la Procuraduría General de la Nación durante tres días de inspección a la Cancillería.
El propósito era establecer si hubo intervención de funcionarios en el proceso de residencia otorgado a Carlos Ramón González Merchán en el país centroamericano.
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En total, el equipo del ente de control adelantó más de 20 horas de diligencias en la Cancillería, donde revisó comunicaciones internas, documentos de servicio y oficios relacionados con el seguimiento a la actuación de los funcionarios que tuvieron contacto con la embajada en Nicaragua.
Entre los archivos revisados se encuentran correos que datan de junio de 2024 hasta la fecha, remitidos por funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como comunicaciones en las que figuran la actual canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y varios viceministros.
Indagación disciplinaria en curso
La Procuraduría explicó que la actuación hace parte de la investigación preliminar iniciada por la Sala de Instrucción Disciplinaria del organismo de control, que busca aclarar si se realizaron trámites o gestiones desde la Cancillería o desde la embajada colombiana en Nicaragua con el fin de facilitar la expedición de documentos a González Merchán. Estos documentos incluyen la cédula de residencia, la residencia oficial y el permiso de ingreso al territorio nicaragüense.
Dentro de la diligencia, el ente de control también asumió la actuación que llevaba la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores contra funcionarios por determinar. El objetivo es establecer si existió participación directa o indirecta en los trámites que concluyeron con la residencia entregada al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con la información recopilada, además de los correos electrónicos se recaudaron circulares y manuales internos que definen los procedimientos de atención en embajadas y consulados. Asimismo, se tomó declaración a un funcionario de la Embajada de Colombia en Managua, con el fin de aclarar la manera en que se procesaron las solicitudes relacionadas con González Merchán.
Contexto del caso
Carlos Ramón González enfrenta un proceso judicial en Colombia por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por cohecho, peculado agravado en favor de terceros y lavado de activos, y ordenó su captura.
Un mes después, en agosto de 2025, el Gobierno de Nicaragua le concedió asilo político y le otorgó una cédula de residencia, decisión que generó un conflicto diplomático entre los dos países. Colombia presentó de inmediato una solicitud de extradición en virtud del Tratado de 1929, con el argumento de que los delitos imputados a González corresponden a conductas de carácter común y no político.
La reacción oficial del Gobierno colombiano se dio a través de un comunicado conjunto de las carteras de Relaciones Exteriores y de Justicia, en el que se manifestó rechazo frente al asilo concedido por Nicaragua. En ese pronunciamiento, el Ejecutivo señaló que la decisión “contraviene la cooperación judicial bilateral y favorece la impunidad en un caso de corrupción”.
El Gobierno colombiano insistió en que la solicitud de extradición debe ser atendida y pidió revisar la decisión de otorgar asilo a González. Según el pronunciamiento oficial, es necesario que el exfuncionario responda ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra en Colombia.
La investigación continúa en etapa preliminar, a la espera de determinar responsabilidades disciplinarias, si es el caso, mientras las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua siguen marcadas por la discusión en torno a la extradición y el alcance de la figura del asilo político en este caso.
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