El reciente escándalo que involucra a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por la filtración de conversaciones privadas con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha puesto bajo el microscopio no solo su actuación política, sino también su patrimonio y estilo de vida.
Sectores opositores han cuestionado sus bienes y lo que consideran un modo de vida “ostentoso”, en contraste con la situación de miles de colombianos que enfrentan dificultades económicas.
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Según la declaración de bienes y rentas presentada por Peralta ante la Dian correspondiente al 2022, la congresista reportó un patrimonio líquido de 305 millones de pesos, resultado de restar deudas por 360 millones a un patrimonio bruto de 673 millones.
Sus ingresos brutos fueron de 220 millones de pesos, con deducciones por 22 millones, lo que arroja una renta líquida de 197 millones de pesos, de acuerdo a la información obtenida por El Tiempo.
En Bogotá, Peralta posee dos inmuebles valorados en 417 millones y 113 millones de pesos, respectivamente, además de un bien mueble de 45 millones.
Sin embargo, un contraste con el Índice de Propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro revela que ella y su esposo, Manuel Julián Molina Pérez, figuran como propietarios de siete inmuebles en total: tres en Bogotá, dos en Riohacha (La Guajira) y dos en Barranquilla (Atlántico).
Las viviendas en Bogotá se encuentran en sectores residenciales de alto estrato, incluyendo una en el barrio El Quirinal, cerca del estadio Nemesio Camacho El Campín, y dos en Ciudad Salitre, uno de los barrios más reconocidos de la ciudad, de acuerdo con el medio mencionado.
En Barranquilla, la pareja posee un apartamento en el conjunto Altamar Caribe, con precios de referencia que parten de 481 millones de pesos, y un parqueadero en la misma unidad. En La Guajira, las propiedades incluyen una vivienda en Riohacha y un terreno en el sector de El Control, en el municipio de Monguí.
La polémica patrimonial se suma al escándalo generado por la difusión de chats privados entre Peralta y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que han sido reportados por medios como Blu Radio.
Las conversaciones, que datan de junio de 2023, muestran un contacto estrecho entre la senadora y el exfuncionario durante la discusión de la Reforma Pensional.
Según López, su presencia en el Senado tenía como propósito “garantizar beneficios para los senadores que respaldaran la propuesta oficialista”, lo que ha sido interpretado por críticos como indicio de tráfico de influencias.
El contenido de los chats también evidencia que Peralta habría instruido a López sobre contratos en municipios como Puerto Concordia, Meta, y enviado listados de personas a ser contratadas en la Ungrd.
Estas acciones, según analistas, podrían vincularse a la utilización de recursos públicos para favorecer intereses particulares, reforzando la percepción de que su patrimonio y estilo de vida no se condicen con su función como servidora pública.
Las críticas hacia la senadora también se han centrado en episodios anteriores. Por ejemplo, se le atribuye la intervención para adjudicar un contrato de más de 2.210 millones de pesos a personas cercanas a ella para la contratación de maquinaria y volquetas en Riohacha, La Guajira.
Además, ha sido señalada en casos de presunto desvío de fondos destinados a ollas comunitarias, aunque Peralta ha negado las acusaciones, calificándolas como parte de una persecución política.
Frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio, Peralta ha defendido su vida privada y la legalidad de sus bienes. “Les duele que este gobierno cierre el año con tantas victorias y tratan de deslegitimar todos los logros con chismes sin fundamento”, sostuvo la congresista.
Asimismo, reiteró que su gestión en el Senado se ha caracterizado por la transparencia y que trabaja con convicción por la reivindicación de las comunidades indígenas y la atención de sus necesidades, siempre dentro del marco de la ley y la Constitución.
Mientras la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una investigación formal por su presunta implicación en el escándalo de la Ungrd, la polémica sobre el patrimonio de Martha Peralta y su estilo de vida agrega un capítulo más al debate público sobre la transparencia y la ética de los congresistas en Colombia.
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